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Diálogo social. La vicepresidenta y ministra de Economía tranquiliza a empresarios e inversores internacionales con que “cualquier reforma será equilibrada y no comprometerá la creación de empleo”.
El Gobierno ha vuelto a salir al paso para tranquilizar a empresarios
e inversores internacionales ante las intenciones de la coalición
PSOE-Unidas Podemos en una de las cuestiones que más preocupan: la
legislación laboral.
La vicepresidenta y ministra de Asuntos económicos y
Transformación digital, Nadia Calviño, aprovechó una entrevista
publicada este fin de semana por Financial Times para prometer que
negociará con empresarios y sindicatos los cambios más relevantes de la
legislación laboral. También subrayó el compromiso del Ejecutivo para
reducir el déficit, pese a que este mismo martes el Consejo de Ministros
prevé aprobar una nueva senda con más margen, después de haber
comprometido ya el objetivo de 2020.
Calviño se comprometió a un enfoque consensuado y gradual de
la reforma laboral. Aunque subrayó que cuenta con un amplio apoyo para
prohibir los despidos por bajas prolongadas por enfermedad, aclaró que
“el resto de cambios estarán sujetos al diálogo social” para “asegurar
que cualquier reforma es equilibrada y no compromete la creación de
empleo”. Una postura que, sin embargo, choca con la de la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que al poco de arrancar el gobierno anunció su
voluntad de derogar completamente la reforma laboral de 2012.
“No veo ninguna razón por la cual los inversores debieran
estar preocupados cuando saben lo que hemos estado haciendo durante los
últimos 20 meses”, explicó Calviño en la entrevista, al hacer referencia
al periodo en funciones, durante el cual, sin embargo, la falta de
apoyos en el Congreso le ha impedido la aprobación de reformas de
calado. Ni siquiera pudo sacar adelante los presupuestos, que llevan
prorrogados desde 2018. Al Ejecutivo ahora le urge aprobar las cuentas
de 2020, para lo que ha empezado a negociar cesiones a partidos
nacionalistas, como PNV, e independentistas, como ERC. El presidente
Pedro Sánchez, de hecho, planea aprobar mañana los pasos previos para
sacar adelante los presupuestos. El Consejo de Ministros dará luz verde
al techo de gasto y a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para
el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda
pública más flexibles, con una meta de déficit del 0,2% del PIB para las
comunidades, dos décimas más que la anterior y que se traducen en 2.500
millones de euros más.
La relajación en la meta para las comunidades y la mayor flexibilidad que el gobierno intenta negociar con Bruselas también contrastan con la promesa de la ministra en la entrevista, de cumplir con las normas presupuestarias de la Unión Europea.
Fuente: Expansión