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Morosidad. Las facturas sin pagar ya se elevan hasta el 3,1% de la cifra de negocios de las compañías, alrededor de 20.000 millones de euros. El retraso del sector público se eleva por segundo año seguido.
Las cuentas de las empresas se resienten, lastradas por los
crecientes impagos por parte de sus clientes y los retrasos de estos a
la hora de abonar las facturas, algo que se hace especialmente patente
en los casos de la Administración y las grandes empresas. Y a esto se
suma la morosidad de las empresas con los bancos, las peticiones de
refinanciación de crédito, los mayores concursos de acreedores y los
impagados entre los préstamos al consumo. Todo ello habla de una
economía con los pies de barro, a pesar de que el PIB mantiene un ritmo
de crecimiento que aparentemente sigue siendo elevado.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que
agrupa a un millón de compañías de todas las áreas de la economía,
advirtió ayer, en la presentación del Informe sobre morosidad y plazos
de pago en 2019, de que los impagos que sufren las compañías españolas
por parte de otras empresas se incrementaron el año pasado por tercer
ejercicio consecutivo, hasta el 3,1% de su facturación. Esto supone un
incremento de dos décimas respecto a los datos del año anterior, aunque
el aumento es mucho más elevado cuando se mira en relación a los últimos
años. En concreto, los impagados se elevaron una décima ya en 2017,
hasta el 2,4%, para volver a incrementarse otro medio punto el año
siguiente y escalar hasta el 3,1% en el dato más reciente.
La PMcM no cuantifica cuál es el impacto real de esta cifra
de impagados sobre las empresas. Sin embargo, el volumen de negocio que
mueven las compañías dentro de la Plataforma permite hacer una
aproximación, lo que llevaría a cuantificar estos pedidos sin pagar en
cerca de 20.000 millones de euros para las empresas. Y eso que, dentro
de esta cifra, no se incluyen las cantidades adeudadas por las
Administraciones, dado que la PMcM entiende que estos volúmenes se
acabarán pagando en algún momento u otro, aunque en algunas ocasiones se
haga con retrasos superiores a un año.
De hecho, ésta es la segunda lacra que plantea la asociación:
el retraso a la hora de abonar las facturas. Algo especialmente grave
en muchas áreas de la Administración (sobre todo, entre algunas
comunidades autónomas y ayuntamientos) y entre las grandes empresas. De
hecho, aquí se produce una aparente paradoja, ya que por un lado la
morosidad de las empresas privadas se reduce, en contraste con los
mayores retrasos del sector público. Sin embargo, las compañías
advierten de un alargamiento de los plazos de pago por parte de todo
tipo de clientes. ¿Cómo se explica esto? Probablemente, por la morosidad
entre las grandes compañías, ya que casi la mitad de ellas tardan más
de 90 días en abonar sus facturas.
Retrasos
En concreto, los plazos de pago del sector público se
incrementaron en dos días el último año, hasta alcanzar los 70 días.
Esto es, cuarenta días más de lo que marca la ley para el caso de la
Administración, algo que el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete,
atribuye a la falta de un régimen sancionador, que lleva a un menor
interés por cumplir. Y también el sector privado se sitúa fuera del
perímetro legal de 60 días, ya que la morosidad se sitúa en 73 días de
media. Con todo, hay que tener en cuenta que el periodo medio de pago en
este caso se ha reducido en 8 días respecto a los niveles del año
anterior.
Estos datos, no obstante, contrastan con la morosidad que
perciben las empresas. De entre las compañías encuestadas para el
informe, el 56% observan incumplimientos en el plazo de pago entre las
pymes (el 9% registran periodos superiores a 90 días), una cifra que se
eleva hasta el 81% en el caso de que el cliente sea una gran empresa (y,
en este caso, el 46% de las compañías exceden los tres meses de
retraso). Quizá a esta morosidad concentrada entre las grandes
compañías, que son las que más impactan en las cuentas del resto de las
compañías, se debe que el 34% de los encuestados perciban un aumento de
la morosidad entre las empresas privadas, mientras que el 22% notan este
mismo aumento del periodo de pago entre sus clientes del sector
público.
Además, este aumento de los impagados y el retraso en el
cobro de facturas coincide con muchos datos alarmantes en este ámbito.
De hecho, los bancos ya admiten un aumento de la morosidad de las
empresas en sus créditos, y también se eleva el número de compañías que
piden una refinanciación de estos préstamos, si bien buena parte de
ellas lo hacen movidas por las mejores condiciones en los mercados
financieros. Y no se trata de problemas que se ciñan únicamente a las
empresas, ya que también se está elevando la morosidad del crédito al
consumo, hasta el punto de que Banco de España calcula que la cifra de
préstamos de dudoso cobro ya supera los 5.000 millones de euros, la
cifra más elevada desde hace seis años.
De hecho, Cañete recordó ayer un reciente informe del Fondo Monetario Internacional en el que se señala que la deuda empresarial en riesgo de impago en el caso de que la economía se deteriore equivale al 50% del PIB. Esta cifra, si bien es la mitad que en 2009, se sitúa por encima de países como Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Japón o Alemania, donde cae por debajo del 20% del PIB. Esto significa que si la ralentización económica se agrava, los impagos corporativos podrían asestar un duro golpe sobre la sostenibilidad del sistema financiero.
Fuente: Expansión