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Trabajo impondrá el contrato indefinido cuando descubra fraude. El Gobierno subirá más de un 22% las sanciones por infracción laboral y social. La multa máxima por caso pasará de 187.500 a 228.700. Díaz derogará toda la reforma laboral del PP.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció ayer,
en el Congreso de los Diputados, que abordará inmediatamente la lucha
contra los falsos autónomos en las empresas. Y lo hará con cambios en la
legislación y reforzando la Inspección de Trabajo. Díaz hizo este
anuncio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a la que informó
de su programa en esta legislatura.
La ministra dijo a los diputados que “el Gobierno va a
proteger los derechos de las personas que siendo en realidad
trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas
frente a su voluntad. Los falsos autónomos están encubriendo verdaderos
trabajadores asalariados, y un ejemplo de ello son muchos de los
repartidores [de comida u otros servicios] en nuestras calles. Un joven
con móvil en bicicleta no es un trabajador autónomo”, dijo la ministra,
para aseverar que es un asalariado.
Derivan en falsos autónomos los trabajadores que se pagan la
Seguridad Social como tales, pero están sometidos a la disciplina
laboral de una empresa. Normalmente, están vinculados a la compañía con
un contrato mercantil, si existe el mismo, y dependen de ella en más del
75% de sus ingresos. Por esta razón, muchos de estos autónomos son
conocidos como trabajadores económicamente dependientes, (trades).
“Cuando presumimos que hay una relación de laboralidad [entre la empresa
y el trabajador] entonces éste último es un asalariado”.
Un contrato escrito
El Gobierno quiere aplicar en esos casos el artículo 8 del
Estatuto de los Trabajadores. Esto requiere, entre otras cosas, de un
contrato por escrito. Sobre todo, en todas las fórmulas temporales. Y,
si no es así, “el contrato se presumirá indefinido y a jornada
completa”. En este proyecto de terminar con las fórmulas laborales que
favorecen la precariedad, el propósito del Gobierno es también depurar
el fraude en la subcontratación entre empresas o entre las
administraciones y las empresas. Por esta razón también, el Ejecutivo
está negociando con la patronal y los sindicatos la reforma del artículo
42 del Estatuto de los Trabajadores. Los propósitos del Gobierno han
levantado las protestas de los empresarios porque incrementarían los
costes laborales de forma considerable (ver EXPANSIÓN del viernes 21 de
febrero).
Para la lucha contra los falsos autónomos y otras
irregularidades laborales, Díaz, como todos sus antecesores en el cargo
cuando comienzan su mandato, anunció un refuerzo de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y una nueva edición del Plan por el Trabajo
Digno. “Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal
concatenada por un mismo trabajador o puesto, y en el uso fraudulento
del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas”. Trabajo se
propone también poner el foco “en las nuevas fórmulas de trabajo
atípico, que emergen en contextos digitales. Debemos impedir que nuevas
fórmulas de negocio de la economía de plataformas [digitales] se
conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para
eludir la relación laboral y el derecho al trabajo”, explicó Díaz, tras
afirmar que la Inspección de Trabajo será “efectiva y podrá intervenir
en los periodos de consulta de manera activa”. Además de los
repartidores de comida, y entre otros, también hay trabajadores que, sin
contrato laboral, se encargan de alquilar pisos de las plataformas de
viviendas.
La ministra anunció también que actualizará “con arreglo al IPC acumulado” las cuantías de las sanciones en el orden laboral y social. Es decir, un 22,6%. La cuantía máxima en los casos más graves pasaría así de 187.500 a 228.700 euros. La ministra recalcó también tajantemente que va a derogar la reforma laboral del PP, y que lo va a hacer en tres fases: en la primera, la negociación colectiva y la subcontratación. En la segunda, la contratación y los despidos. Y, en tercer lugar, con un Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. Finalmente, descartó la denominada mochila austriaca en el despido y que defiende la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, consistente en que desde el primer día, la empresa paga en una cuenta del trabajador una cuantía mensual para un eventual despido.
Fuente: Expansión