Díaz anuncia una ofensiva contra los falsos autónomos en las empresas

Trabajo impondrá el contrato indefinido cuando descubra fraude. El Gobierno subirá más de un 22% las sanciones por infracción laboral y social. La multa máxima por caso pasará de 187.500 a 228.700. Díaz derogará toda la reforma laboral del PP.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció ayer, en el Congreso de los Diputados, que abordará inmediatamente la lucha contra los falsos autónomos en las empresas. Y lo hará con cambios en la legislación y reforzando la Inspección de Trabajo. Díaz hizo este anuncio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a la que informó de su programa en esta legislatura.

La ministra dijo a los diputados que “el Gobierno va a proteger los derechos de las personas que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad. Los falsos autónomos están encubriendo verdaderos trabajadores asalariados, y un ejemplo de ello son muchos de los repartidores [de comida u otros servicios] en nuestras calles. Un joven con móvil en bicicleta no es un trabajador autónomo”, dijo la ministra, para aseverar que es un asalariado.

Derivan en falsos autónomos los trabajadores que se pagan la Seguridad Social como tales, pero están sometidos a la disciplina laboral de una empresa. Normalmente, están vinculados a la compañía con un contrato mercantil, si existe el mismo, y dependen de ella en más del 75% de sus ingresos. Por esta razón, muchos de estos autónomos son conocidos como trabajadores económicamente dependientes, (trades). “Cuando presumimos que hay una relación de laboralidad [entre la empresa y el trabajador] entonces éste último es un asalariado”.

Un contrato escrito

El Gobierno quiere aplicar en esos casos el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. Esto requiere, entre otras cosas, de un contrato por escrito. Sobre todo, en todas las fórmulas temporales. Y, si no es así, “el contrato se presumirá indefinido y a jornada completa”. En este proyecto de terminar con las fórmulas laborales que favorecen la precariedad, el propósito del Gobierno es también depurar el fraude en la subcontratación entre empresas o entre las administraciones y las empresas. Por esta razón también, el Ejecutivo está negociando con la patronal y los sindicatos la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Los propósitos del Gobierno han levantado las protestas de los empresarios porque incrementarían los costes laborales de forma considerable (ver EXPANSIÓN del viernes 21 de febrero).

Para la lucha contra los falsos autónomos y otras irregularidades laborales, Díaz, como todos sus antecesores en el cargo cuando comienzan su mandato, anunció un refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y una nueva edición del Plan por el Trabajo Digno. “Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o puesto, y en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas”. Trabajo se propone también poner el foco “en las nuevas fórmulas de trabajo atípico, que emergen en contextos digitales. Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas [digitales] se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo”, explicó Díaz, tras afirmar que la Inspección de Trabajo será “efectiva y podrá intervenir en los periodos de consulta de manera activa”. Además de los repartidores de comida, y entre otros, también hay trabajadores que, sin contrato laboral, se encargan de alquilar pisos de las plataformas de viviendas.

La ministra anunció también que actualizará “con arreglo al IPC acumulado” las cuantías de las sanciones en el orden laboral y social. Es decir, un 22,6%. La cuantía máxima en los casos más graves pasaría así de 187.500 a 228.700 euros. La ministra recalcó también tajantemente que va a derogar la reforma laboral del PP, y que lo va a hacer en tres fases: en la primera, la negociación colectiva y la subcontratación. En la segunda, la contratación y los despidos. Y, en tercer lugar, con un Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. Finalmente, descartó la denominada mochila austriaca en el despido y que defiende la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, consistente en que desde el primer día, la empresa paga en una cuenta del trabajador una cuantía mensual para un eventual despido.

Fuente: Expansión