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Investidura. En un acto con tono mitinero, el líder socialista camufla su programa electoral bajo la forma de una oferta a Podemos, al que plantea un “acuerdo de gobernanza” con cargos en instituciones del Estado fuera del gabinete.
Con una puesta en escena híbrida entre la presentación de un plan
para negociar la investidura, un acto con tintes de mítin preelectoral, y
la autojustificación pública de por qué el PSOE no tiene la culpa de
que España se encamine hacia unas nuevas elecciones, Pedro Sánchez puso
ayer de largo su plan de 370 medidas con el que pretende seducir –o
presionar– a Podemos para que respalde su candidatura o concurrir a los
comicios si no lo logra. Arropado por varios centenares de personas,
muchas de ellas representantes de la sociedad civil con los que el líder
del PSOE se reunió este verano, Sánchez escenificó la presentación de
un catálogo de buenas intenciones y promesas ya anunciadas en su
mayoría, apenas esbozadas y entre las que no figuran reformas
estructurales con las que combatir “el enfriamiento de la economía” que
el propio presidente en funciones admitió ayer.
Junto al plan programático, que recoge un buen ramillete de
guiños populistas dirigidos a Podemos, Sánchez reservó para el final su
propuesta estrella para intentar persuadir a Pablo Iglesias: un acuerdo
de gobernanza para la legislatura que incluiría cargos para Podemos en
instituciones y órganos del Estado, que el candidato socialista no
desveló a la espera de su negociación con los morados, pero siempre
fuera del Consejo de Ministros. Es decir, nuevo rechazo tajante a un
Ejecutivo de coalición, pero en este caso con premio de consolación,
porque, según dijo ayer Sánchez, “no queremos votos gratis en nuestra
investidura”. Además, el PSOE ofreció a Iglesias un triple mecanismo de
control para garantizar el cumplimiento de los pactos alcanzados, entre
ellos la creación de una oficina específica dependiente del Ministerio
de Hacienda. Al líder de Podemos, la música de algunas medidas le sonó
bien ayer, pero al cierre de esta edición había preferido analizar el
documento en profundidad antes de pronunciarse.
En el ámbito económico, el documento agrupa buena parte de
las medidas pactadas en su día con Podemos en los fallidos Presupuestos
de 2019. En materia de fiscalidad, esa cercanía entre PSOE y Podemos se
traduce en una subida masiva de impuestos para poder disparar el gasto
social. El plan de Sánchez contempla subidas del IRPF para las rentas
más altas y recuperar la progresividad del sistema para que aporten más
quienes más tienen. También la implantación de la llamada Tasa Tobin, un
impuesto del 0,2% sobre las transacciones financieras con el que aspira
a recaudar 850 millones, tal como consta en el Programa de Estabilidad
remitido a Bruselas. E insiste en seguir los pasos de Francia y aplicar
en España la denominada Tasa Googleaunque no haya consenso en
Europa. Una medida con la que prevé ingresar 1.200 millones, estimación
que los expertos ven poco realista, ya que Francia apenas espera
recaudar unos 400 millones con un gravamen muy similar.
Los socialistas prometen también regular el Impuesto de
Sociedades para que las empresas paguen un mínimo del 15% (el 18% en el
caso de bancos y petroleras), lo que, según las cuentas del Gobierno en
funciones, supondría unos ingresos de 1.776 millones para las arcas
estatales. El PSOE también contempla recortar las exenciones por
dividendos y plusvalías de las empresas por sus participaciones en otras
compañías; estrechar el control sobre las Sicav; una nueva ley de lucha
contra el fraude, o reducir a 1.000 euros los pagos en efectivo a
profesionales y empresarios (en la actualidad el tope está en los 2.500
euros).
Un “órdago impositivo” en toda regla, como lo calificó Carmen
Calvo en tono crítico cuando fue Iglesias el que presentó a mediados de
agosto una batería de alzas fiscales muy similar, con el que Sánchez
quiere financiar un proyecto faraónico de gasto. El candidato del PSOE
promete elevar la inversión en Educación hasta el 5% del PIB en 2025,
frente al 4,2% actual; al 7% el gasto en Sanidad en 2023, hoy en el 6%, y
hasta el 2% en I+D+i, que ronda el 1,2%, casi la mitad que la media
comunitaria. Una política expansiva con la que el PSOE deja entrever su
aspiración de acercar el gasto público a la media de la zona euro (41%
del PIB vs. 47%), lo que nos situaría en un horizonte de incremento del
gasto superior a los 70.000 millones. Y ello en un contexto de
desaceleración económica, amenaza que sigue siendo invisible en el
programa para un Gobierno progresista de Sánchez.
Críticas de los empresarios
El Círculo de Empresarios criticó ayer con dureza la
propuesta del PSOE precisamente por soslayar la situación de la economía
española en un “contexto alarmante” en el plano internacional, “con
Alemania e Italia al borde de la recesión, Gran Bretaña a punto a
abandonar la UE de forma abrupta y EEUU y China en guerra comercial”.
La organización empresarial alertó del riesgo de elevar la
deuda y el déficit públicos en un escenario de enfriamiento económico y
frenazo en la creación de empleo. “Para tratarse de un programa de
Gobierno, sorprende enormemente que no haya un diagnóstico de la
situación en la que se encuentra nuestra economía”, reprochó el Círculo.
En el terreno laboral, Sánchez ofrece a Iglesias derogar los
“aspectos más lesivos” de la reforma de Rajoy de 2012, como eliminar la
flexibilidad que se introdujo en los convenios colectivos; reformar la
regulación del despido; estrechar el control sobre la contratación
temporal y el trabajo a tiempo parcial para evitar fraudes, combatir a
los falsos autónomos o incrementar el salario mínimo hasta situarlo en
el 60% del salario medio al final de la legislatura (en torno a 1.200
euros frente a los 900 actuales).
El PSOE insiste en blindar por ley la subida de las pensiones
con el IPC, suprimiendo el factor de sostenibilidad introducido por
Rajoy (aunque no se ha llegado a aplicar) y elevar las pensiones mínimas
y no contributivas. Todo ello en un contexto de gasto desbocado en las
pensiones y de multimillonario déficit crónico de la Seguridad Social
(más de 18.000 millones en 2018).
El menú programático de Sánchez incluye también la creación de “un gran parque” de vivienda en alquiler a precio asequible o ahondar en las medidas adoptadas para “frenar las subidas abusivas del alquiler”. También insiste en prohibir las ventas de coches diésel y gasolina en 2040, pese a que la Comisión Europea advirtió hace una semana de que esa medida no sería compatible con la normativa comunitaria.
Fuente: Expansión