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Lucha contra el trabajo sumergido y la Seguridad Social. El Ejecutivo creará una Oficina Nacional contra el fraude. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, reorganiza la Inspección de Trabajo.
El Gobierno reforzará el poder de las Fuerzas de Seguridad del Estado y, si es preciso, de los cuerpos autonómicos y policía municipales, en la lucha contra la economía sumergida. Se trata de que “sean tenidos por ciertos los hechos comprobados” por los agentes de la autoridad sobre las irregularidades cometidas por empresas, trabajadores o beneficiarios de prestaciones sociales, “salvo prueba en contrario” de los presuntos infractores. La labor de Policía y de la Guardia Civil “podrá ser aducida como prueba por la Inspección de Trabajo en los procedimientos iniciados por esta”. Se agiliza así la tramitación de la denuncia por delito contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social, sin necesidad de esperar una comprobación de la infracción por parte de la Inspección.
Así se regula en el borrador de la futura ley de reforma de la Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. En todo caso, se trata de una reforma que ha causado malestar entre los inspectores y subinspectores de trabajo. “Es una aberración jurídica porque obliga al inspector a considerar como cierto lo que diga un agente de policía o un Guardia Civil, que no tiene la formación necesaria para conocer el fraude laboral”, comentan fuentes de la Inspección de Trabajo, consultadas por EXPANSIÓN. Hasta ahora, es necesario que el funcionario del Ministerio de Empleo ratifique la existencia del presunto delito.
Convenios de colaboración
Sin embargo, la norma es taxativa al respecto. En primer lugar dice que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus funciones”. Colaboración que el Ministerio de Empleo puede tener con todas las administraciones “para los supuestos en que, como consecuencia de su actuación, tengan conocimiento de hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular”. Es decir, que en el ámbito de esta orden pueden estar la Policía Nacional, la Guardia Civil; los cuerpos autonómicos, como la Ertzaintza, en el País Vasco, y los Mossos d’Esquadra en Cataluña e, incluso, la Policía Municipal que corresponda.
La norma también regula la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, “como órgano especializado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social”. En definitiva, la primera organización permanente de la Administración para luchar contra la economía sumergida.
En abril de 2012, el Ministerio de Empleo puso en marcha una intensa campaña contra el fraude que, además de aflorar empleo, ahorrar prestaciones y aumentar la recaudación, le demostró la necesidad de “afrontar de modo global el fenómeno” de la economía sumergida. Es decir que, más allá de las campañas temporales de la Inspección, el Gobierno ha entendido que debe acometer el problema en sus tres fases. La primera es “adoptar medidas para estudiar, planificar y obtener” la información en la detección del fraude. La segunda etapa “es la ejecución de las actividades inspectoras [la represión del delito] sobre la base de una adecuada programación” y, en tercer lugar, “medidas de análisis y evaluación de los resultados obtenidos para la mejora y perfeccionamiento de su labor”.
Todo ello, porque Empleo explica que el fraude laboral y de Seguridad Social “no sólo supone una indebida detracción de recursos de la Seguridad Social, como el disfrute indebido de las prestaciones, o una falta o deficiencia de contribución, por ausencia total o parcial de cotizaciones sociales: el fraude va ligado, la mayoría de las veces, a situaciones de explotación laboral en las que se niegan a los trabajadores los más elementales derechos”.
Fuente: M. Valverde. Expansión.