Montoro reactiva las multas a grandes empresas morosas

CS da por perdida la ley del régimen sancionador. El ministro insiste en que Hacienda analiza imponer sanciones tributarias a grandes empresas morosas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sólo mencionó ayer una reforma en marcha en su intervención en el III Foro Emprendedores y Autónomos organizado por la Federación de autónomos ATA: la de las sanciones tributarias a grandes empresas morosas. En un discurso amargo en el que criticó que la recuperación económica “se vea amenazada por intereses políticos partidistas”, en referencia a la moción de censura presentada por el PSOE, el ministro reactivó este proyecto, vieja reivindicación de las plataformas contra la morosidad, que anunció por primera vez en enero de 2017 en el Congreso .

“Estamos analizando la penalización tributaria a grandes empresas para que no abusen de morosidad con sus subcontratistas”, destacó el ministro. Montoro también recordó que “en la nueva Ley de Contratos del Sector Público se establece que la Administración no puede contratar con empresas que no cumplan la Ley de Morosidad”.

El portavoz de Hacienda de Cs en el Congreso, Francisco de la Torre, apuntó ayer que si la legislatura acaba, este proyecto caerá.

En enero de 2017, el ministro anunció la decisión de penalizar a través de los impuestos a las empresa que incumplan la ley de morosidad. Montoro criticó el “abuso” de las empresas de mayor tamaño “a la hora de forzar a las más pequeñas” a tener que asumir unos plazos prolongados de pago. En su opinión, la facilidad de acceso a los mercados financieros a bajos tipos de interés que ya hacía injustificable que las grandes empresas intentaran financiarse a costa de alargar los plazos de pago a sus proveedores.

La puesta en marcha de este régimen formaba parte del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos. Así, en junio de 2017, el Congreso aprobó por unanimidad tomar en consideración una propuesta de Ley realizada por Cs para endurecer el control sobre las empresas morosas. El texto recogía que las comunidades fueran las que impongan las multas a las empresas que superen el límite de pago de sesenta días que recoge la Ley contra la Morosidad. Si una compañía lo excede en más de veinte días, la infracción será muy grave y pueden entrañar multas de hasta 163.955 euros. Las multas se atenuarán en función de si las compañías son pymes que sufren también impagos. La proposición fue avalada por PP, PSOE, Podemos, PNV, PdeCat, ERC, UPN y Foro Asturias. Montoro también avanzó ayer que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en el pago fraccionado de abril de pymes fue un 18% superior a la del mismo periodo de 2017.

Fuente: Expansión