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Lucha contra el fraude. Los inspectores proponen al Ministerio de Hacienda una batería de medidas para que los grandes patrimonios contribuyan más. Piden potenciar el control de las deslocalizaciones de residencia fiscal entre comunidades.
Los inspectores reclaman el pago a confidentes y regular la entrada
de incógnito en las empresas. Así lo trasladaron ayer desde la
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) a
los medios en la clausura de su XXIX Congreso que se ha celebrado en
Zaragoza. Berta Tomás, presidenta de IHE, y los vicepresidentes Saulo
Marrero e Ignacio Fernández de Mesa explicaron que estas propuestas se
encuentran en el documento que IHE ha elaborado sobre el Control de
grandes patrimonios, que han presentado a la ministra de Hacienda
en funciones, María Jesús Montero, y que ésta ha visto con buenos ojos.
Fuentes oficiales de Hacienda trasladaron más tarde que la ministra no
conoce estas medidas. El jueves, Montero dijo en Zaragoza que siempre ve
con buenos ojos las propuestas de los inspectores.
Entre las peticiones de IHE, se encuentra también potenciar
el control de las deslocalizaciones de residencia fiscal ficticias entre
comunidades en aras de la corresponsabilidad fiscal e incrementar las
sanciones sobre el abuso de las sociedades profesionales (ver
información adjunta).
El pago a confidentes no se haría con cargo a fondos
reservados sino con partidas acreditadas y transparencia, concretaron.
Se trata de un refuerzo de la protección del denunciante –cabe recordar
que ya existe la figura del denunciante anónimo–.
Es una medida que estuvo en vigor en los años 80 y que luego
se derogó. Esta herramienta es muy efectiva en Estados Unidos, donde ha
tenido mucho éxito para las arcas estadounidenses en el caso de
empleados de bancos suizos, entre otros. La IHE la ha defendido desde
hace tiempo pero la Hacienda del PP se mostraba en contra en los últimos
años.
En cuanto a las actuaciones de incógnito, se trata de
regularlas. Desde la Organización de Inspectores subrayaron que no
pretenden acceder al domicilio constitucional de la empresa, lo que está
muy protegido y reafirmado por el Tribunal Supremo. Lo que buscan es
regular de forma clara y garantista actuaciones de incógnito en
talleres, comercios y restaurantes, por ejemplo, para que los
inspectores puedan obtener indicios de fraude sin estar obligados a
identificarse como hasta ahora.
Gran patrimonio
Los inspectores proponen una definición de “gran patrimonio” o
“patrimonio relevante” a partir de dos millones de euros. Cuando se
empezó a perfilar la Oficina de Control de Grandes Contribuyentes, se
planteó que el corte se situara en 10 millones de euros, pero desde la
Agencia Tributaria estipularon que no habría cifras de corte sino
perfiles de riesgo. La IHE de hecho recordó ayer que el Impuesto sobre
el Patrimonio tiene casi 202.500 contribuyentes y la AEAT vigila en la
citada Oficina a 170.000.
En lo que respecta a la corresponsabilidad fiscal, la IHE es
partidaria de cierta armonización, aunque recuerdan que su papel se
sitúa en la aplicación de la ley. Pero sí alertaron de falta de
solidaridad de comunidades con impuestos bajos como Madrid, que no
colaboran a la hora de denunciar y comunicar a las comunidades de origen
las falsas deslocalizaciones que les llegan de otras regiones. Según
IHE, no se hace en último término todo lo suficiente contra estos
cambios de residencia ficticios. La ministra de Hacienda declaró el
jueves que hay que “armonizar Sucesiones y Patrimonio” y se mostró
partidaria de que Madrid aporte más, ya que a su juicio se beneficia del
“efecto de la capitalidad y de tener allí las sedes sociales de las
grandes empresas”.
El documento coincide plenamente con las declaraciones de
Montero el jueves sobre las “limitaciones” del IRPF para gravar grandes
patrimonios. A cambio, propone una revisión de Patrimonio y Sucesiones y
una vigilancia de sicav, sociedades y fondos de capital riesgo y
Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Además, alertan de
mecanismos societarios de control más complejo que ofrecen Suiza,
Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta o Austria.
Los inspectores tienen delimitados unos perfiles de riesgo en relación con los grandes patrimonios: operaciones patrimoniales de sociedades que puedan eludir o diferir la tributación que correspondería en el IRPF, utilización de personas interpuestas, indicios de un nivel de vida y una capacidad adquisitiva elevada no acorde con los ingresos y bienes declarados, control de rentas de fuente extranjera, indicios de residencia efectiva en territorio español, control de artistas y deportistas, y de operaciones con paraísos fiscales. Además de las medidas citadas, los inspectores también proponen endurecer el régimen sancionador para quienes ofrezcan y comercialicen productos de ingeniería fiscal ilícitos, establecer una tasa sobre los movimientos de fondos desde y hacia paraísos y obligar a las entidades financieras con sucursales en paraísos a suministrar información sobre los titulares reales, entre otras.
Fuente: Expansión