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Lucha contra el fraude fiscal. Creen necesario iniciar un debate público sobre la legalización de estas actividades para que aporten recursos a la sociedad con el fin de compensar sus efectos adversos.
Es necesario iniciar un debate público sobre la legalización de la prostitución y el tráfico de drogas blandas para que tributen y aporten recursos a la sociedad con el fin de compensar los efectos adversos que generan. Así lo recomienda la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) en un documento que presentaron y enviaron ayer al Gobierno de medidas de lucha contra el fraude fiscal, precisamente cuando se ha conocido que el INE está midiendo el impacto económico de la prostitución y otras actividades no legales para atenerlos en cuenta en los cálculos del PIB. Aún no se conoce el impacto que este nuevo cálculo puede tener en España.
Los inspectores apuntan a que la prostitución podría generar unos beneficios de 6.000 millones al año, según un estudio presentado en el Senado, aunque las cifras tienen “margen de error”. Respecto a las drogas blandas, citaron la regulación del cánnabis en Uruguay o el Estado de Ohio. A su juicio, hay mucha “hipocresía” sobre este tema y hay que abrir un debate “serio”.
El informe Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones realiza un análisis del sistema tributario y propone más de 200 iniciativas sobre el fraude de cara a la reforma fiscal que ultima el Gobierno. El presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, aseguró ayer que los inspectores están muy preocupados por el devenir del sistema tributario, ya que no es capaz de recaudar lo necesario para sostener el nivel de gasto público. Dentro del ámbito de la economía sumergida legal, proponen la proliferación del uso de medios electrónicos, la ampliación de las restricciones del pago en efectivo, la eliminación de los billetes de alta denominación y el impulso del intercambio de información con la Seguridad Social.
Una de las propuestas más sorprendentes es la que hacen respecto al delito fiscal, ya que recomiendan elevar de los 120.000 euros actuales a los 600.000 euros (cuantía del nuevo delito fiscal agravado del Código Penal vigente desde diciembre de 2012) para no atascar los tribunales, a cambio de aumentar la pena para que se ingrese real y efectivamente en prisión sin recaer sentencia condenatoria, y de que las cuantías defraudadas de distintos años se acumulen. Además, plantean nuevos tipos de delitos como la tenencia injustificable de bienes o el ofrecimiento de servicios para cometerlos.
Para mejorar el funcionamiento de la Agencia Tributaria, piden la creación de una administración en red y avanzar hacia un sistema tributario único. Proponen que el Estado no ceda más competencias fiscales, sino que recupere la gestión de impuestos cedidos como Sucesiones. Respecto a Sucesiones, abogan por homogeneizarlo, ya que genera “una guerra fiscal sucia entre comunidades”.
Fuente: M. Serraller. Expansión.