678 636 208
PLAN DE TRABAJO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN. La Administración aumentará los controles sobre las reducciones de cotizaciones sociales. El Ejecutivo escrutará las bases salariales de los trabajadores.
La Seguridad Social vigila de forma permanente a 94.000 empresas de las que sospecha que pueden empezar a generar deuda superior a los 1.500 euros anuales. Es una labor preventiva que hace el sistema de protección para evitar que la deuda derive con el tiempo en incobrable.
Por esta razón, en el momento en el que la administración detecta el problema, cita a la empresa con dos objetivos: el primero es ofrecerle el aplazamiento del pago de la deuda, si con ello le ayuda a resolver el problema por impagos. Por el contrario, y en segundo lugar, la empresa tendrá la visita de la Inspección de Trabajo, en el caso de que la Seguridad Social detecte intención de fraude, según ha explicado en el Consejo Económico y Social Francisco Javier Aibar, director general de la Tesorería de la Seguridad Social.
La administración pone especial atención en lo que se denominan empresas ficticias y, en consecuencia, las altas fraudulentas en la Seguridad Social. Son aquellas sociedades que simulan un contrato entre empresa y trabajador para darle de alta en el sistema de protección y facilitarle las prestaciones de desempleo o un permiso de residencia. A cambio, la empresa ficticia cobra al trabajador por contrato fraudulento. Con frecuencia los perjudicados son inmigrantes en situación irregular. El delito salta con el cruce de datos entre la Seguridad Social, los Servicios Público de Empleo y la Agencia Tributaria.
Beneficios indebidos
La Seguridad Social también aumentará los controles a las empresas por “deducciones indebidas” de cotizaciones sociales en los contratos de los trabajadores. Este es un problema importante para el sistema de protección porque pierde mucho dinero con ello. Entre enero y agosto, último dato conocido, la Seguridad Social emitió un millón de reclamaciones de deuda a las empresas, por un importe de 1.380 millones de euros.
Es decir, más de un 55% de las reclamaciones de deuda emitidas por la Seguridad Social en un año responden a beneficios “indebidamente aplicados” por las empresas. El importe de 1.380 millones de euros en las reclamaciones es el 40% de los 3.500 millones de euros que cada año gasta el sistema de protección en apoyar la creación y consolidación del empleo. En función del colectivo beneficiado hay más de un centenar de modalidades de contrato. Precisamente, el Gobierno quiere acotar estas subvenciones de las cotizaciones sociales comprobando la efectividad de cada modalidad de contrato. Además, la Seguridad Social se propone dar una nueva vuelta de tuerca al control de las cotizaciones sociales de las empresas. Investigará en las bases de cotización de los trabajadores mediante el control de los “conceptos retributivos abonados”. El modelo CRA, que denomina la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Administración pretende mejorar la inspección sobre las retribuciones salariales de los trabajadores, para calcular correctamente las bases de cotización y, en consecuencia, el pago de las prestaciones.
Bases máximas
Esta medida está relacionada con la intención del Gobierno de subir las bases máximas de cotización, es decir, de los salarios más altos, para aumentar la recaudación. El Ejecutivo se prepara para intentar evitar que, en su caso, empresas y trabajadores intenten sortear un elevado incremento de la parte del salario que cotiza a la Seguridad Social. O dicho de otra manera que, de manera paulatina las bases máximas de cotización se acerquen cada vez más al salario real.
En todo caso, el incremento del control sobre las bases de cotización es un paso más en el Sistema de Liquidación Directa de la Seguridad Social. Con este modelo, que puso en marcha el anterior Gobierno del PP, la Administración recaba los datos de las empresas sobre los trabajadores, su grupo profesional su salario y su cotización y les dice lo que tienen que aportar a la Seguridad Social. Es un instrumento para prevenir situaciones de fraude al sistema de protección social mediante el incremento de la información de empresas y trabajadores. Este modelo afecta a las grandes, medianas y pequeñas sociedades.
Además, “como medida ejemplarizante”, la Seguridad Social prepara la publicación de una lista con las 1.100 empresas morosas que tienen una deuda por cotizaciones sociales, superior a un millón de euros.
La deuda total por este concepto que las compañías han acumulado, en los últimos cuatro años, 4.476 millones de euros. Pasado este tiempo, la deuda prescribe. De esta cuantía, 1.817 millones de euros corresponden a este año, incluyendo los 1.380 millones que reclama la Seguridad Social por aplicación indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones sociales.
Fuente: Expansión