La batalla digital de Hacienda contra la contabilidad B

Fraude tecnológico. Las Unidades de Auditoría Informática (UAI) detectan sofisticados softwares de doble uso.

Una cadena de zapaterías implantada en todo el territorio nacional llama la atención de la Agencia Tributaria (AEAT): mantiene un ritmo frenético de aperturas pero declara un volumen de ventas que no permitiría esta expansión. Además, declara que el 95% de sus ventas se realizan mediante pagos con tarjeta. La AEAT lanzó la Operación Scarpe (Zapatos, en italiano) en la que inspeccionó 29 tiendas en varias comunidades autónomas que utilizaban software para ocultar hasta el 30% de las ventas. Indicios parecidos promovieron la Operación Pasta Fresca, por la que la Agencia realizó una entrada simultánea en 15 restaurantes italianos en todo el territorio nacional que utilizaban un sistema informático controlado remotamente desde la central para modificar la facturación según conviniera. Otra cadena de asadores incrementaba su beneficio un 800% con estos métodos, según descubrió la Operación Lechazo.

Las crecientes posibilidades de manipulación fiscal que ofrecen las nuevas tecnologías permiten alterar el registro diario de una empresa sin dejar rastro aparente sirviéndose de herramientas como Phantomware, un software instalado en el sistema operativo de la caja registradora que altera ventas y cuantías, o Zapper, una herramienta de software externa, que se almacena en un lápiz USB, muy difícil de detectar, y que cuadra la contabilidad B al final de cada jornada. Los inspectores llegan a encontrarse en su registro a empresas sospechosas que los ordenadores se están moviendo por control remoto en un intento desesperado de borrar pruebas.

Con el fin de atajar estas prácticas desde un mismo nivel de sofisticación, la Agencia ha creado las Unidades especializadas de Auditoría Informática (UAI), integradas por inspectores y agentes expertos en informática que colaboran con las Unidades de Inspección mediante la captura de análisis de datos alojados en medios electrónicos. Además, dan auxilio a los órganos jurisdiccionales investigando delitos y obteniendo evidencias digitales y colaboran con otros Departamentos de la Agencia.

La cuota descubierta en actuaciones administrativas con estas Unidades de Auditoría Informática ascendió a 190 millones de euros en 2014, un 20% más que en 2013 (160 millones), y va ya por 183 millones en el primer semestre de este año, por lo que acabará el ejercicio en cifras mejores. El número de actuaciones administrativas de entrada y registro sumó 1.822 a cierre de 2014, un 41% más que en 2013 (1.296 actuaciones). En el primer semestre, este tipo de actuaciones suman ya 1.177 operaciones

 

Las UAI están formadas por más de un centenar de funcionarios. En primer lugar, se encuentra la Unidad Central de Auditoría Informática (UCAI), integrada en la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF), que constituye la unidad de élite de Hacienda en la captura de la información en soporte electrónico y la detección de software de enmascaramiento. Ejerce una labor de dirección y liderazgo y está formada por inspectores, técnicos superiores de sistemas, técnicos de Hacienda y agentes tributarios. Es considerada por jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como puntera tecnológicamente en el mundo de la detección y volcado de datos y participa frecuentemente en actuaciones coordinadas por los jueces en materia de fraude fiscal y blanqueo. Cuenta con el software forense más avanzado y los equipos de hardware necesarios para su utilización. Se ha diseñado una estructura suficientemente flexible, de forma que puedan prestar su auxilio en regiones distintas e, incluso, como en la Operación Pasta Fresca, de forma simultánea en varias regiones. Las unidades de auditoría informática están dotadas de software de auditoría que, básicamente, consiste en herramientas informáticas de recuperación de datos y de lectura.

El trabajo más complicado de la auditoría informática consiste en la extracción de datos a partir de discos que han sido deliberadamente borrados para quitar los rastros de la defraudación y, en otras ocasiones, en reconocer las posibilidades que dan los programas instalados por los contribuyentes para omitir registros informáticos.

Las empresas potenciales objeto de estas actuaciones son todas. Preferentemente, aquéllas que tengan una contabilidad desarrollada o un sistema de facturación de cara al público, el caso de cadenas de hostelería, calzado o textil. Pero se han realizado muchas actuaciones sobre empresas mayoristas en diversos sectores como el comercio de pescado al por mayor en Mercabarna o los desguaces y la venta de chatarra.

Hasta ahora, no existe un cuestionamiento en los tribunales de la actuación de las UAI. La cobertura normativa de este tipo de actuaciones es muy amplia, aseguran desde la AEAT. Los artículos 113, 142, 146 y 151 de la Ley General Tributaria, los artículos del 171 al 174 del Reglamento de Procedimientos de Gestión e Inspección y el Reglamento de Facturación exigen a los contribuyentes la conservación de los soportes electrónicos y facultan a la Inspección a su obtención. Además, es muy frecuente que las actuaciones de auditoría informática vengan precedidas de la autorización del delegado especial de la AEAT o, cada vez más, de la autorización de un juez para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de las sociedades.

 

Fuentes de la AEAT cuentan que las exigencias de control empresarial interno que tiene cualquier empresa, cuando se combinan con una intención de ocultar al Fisco una parte de las ventas, hacen que estos softwares estén relativamente extendidos.

Todos estos controles informáticos no han acabado con las fórmulas tradicionales de ocultación de la contabilidad B, es decir, con la ocultación de los tradicionales libros de la doble llevanza en techos falsos o cámaras acorazadas. Así, por ejemplo, inspectores de Hacienda han detectado en la entrada en una empresa que, en una de las naves que ocupa, una planta mide cinco metros menos que la inferior. Tras un registro exhaustivo de varias horas, descubren un cuarto con una entrada secreta que se encuentra situada dentro de un armario ropero lleno de abrigos. Dentro, en un cuarto sin puertas ni ventanas, se ubicaba el ordenador central que contenía toda la contabilidad B de la empresa. En otro registro, los inspectores y agentes tributarios se encontraron lo que la empresa denominaba la habitación del pánico: una cámara acorazada ubicada detrás de una puerta falsa. Allí se hallaron la contabilidad B, unos tres millones de euros en efectivo y joyas. Viejos métodos que se combinan con las últimas novedades en tecnología.

 

Fuente: Expansión