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Plan de control 2020. Las “verificará con intensidad” ante su incremento y la merma en la recaudación que suponen. Vigilará los domicilios fiscales y las operaciones relacionados con las Haciendas Forales.
La Agencia Tributaria (AEAT) pondrá en marcha en 2020 un plan
especial de comprobación de las bases imponibles negativas de las
empresas. Así lo anuncia el Plan de Control Tributario de 2020 que ayer
publicó el BOE, que avanza que va a situar en el foco a contribuyentes
que en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades vienen
consignando reiteradamente bases imponibles negativas pendientes, para
lo que va a “verificar con intensidad” la corrección de estos saldos a
la vista de su incremento a lo largo de los años y del riesgo que ello
implica de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros.
El plan incluye la tradicional comprobación de bases
imponibles negativas ya aplicadas, pero muy especialmente la revisión de
aquellas que están pendientes de compensación en años siguientes. El
objetivo es verificar la existencia, exactitud y origen de los saldos
negativos, teniendo en cuenta que estos saldos pueden en el futuro ser
compensados por las empresas que los generaron o por otras que continúen
su actividad.
El Plan se dirige por lo tanto contra una de las figuras que
más merma producen en la recaudación de Sociedades. En 2007, este
impuesto alcanzó su máximo y recaudó 44.823 millones de euros, cuantía
que con la crisis se redujo a poco más de 16.000 millones en 2010 y que
la recuperación sólo ha llevado a los 24.838 millones que se reunieron
en 2018.
Al tiempo que se realizan las habituales tareas de control
sobre las multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales, con
especial atención a los nuevos modelos de negocio altamente
digitalizados, en 2020 se llevará a cabo la puesta en práctica de un
nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la
fiscalidad internacional basado en todo el conjunto de información
disponible sobre operaciones vinculadas con el que actualmente cuenta
la Agencia como consecuencia del proyecto BEPS (Erosión de Bases y
Traslado de Beneficios) de la OCDE.
La herramienta permitirá un mejor análisis de riesgos a
través de la elaboración de indicadores, índices y modelos, así como la
identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal cuyo
examen se deberá beneficiar también de la información que reciba la
Agencia sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal
potencialmente agresiva, o DAC 6. La trasposición de la Directiva de
control sobre los asesores fiscales está pendiente y debería realizarse
cuanto antes para evitar la sanción de Bruselas.
Otro eje importante de actuación en el que se pone la lupa
este año es la verificación del adecuado cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes ante la AEAT y las
Diputaciones Forales de País Vasco y Navarra, derivadas de la existencia
del Concierto y Convenio Económico con las citadas comunidades, en
especial para comprobar los domicilios fiscales declarados, la correcta
determinación del lugar de realización de las operaciones y la correcta
presentación de los tributos ante la Administración competente. Cabe
recordar que el PNV planea suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio para
evitar la fuga de vascos a Madrid (ver EXPANSIÓN del lunes).
En relación con el control de los grandes patrimonios, se
volverá a ampliar el número de contribuyentes propuestos para
inspección, enfocando nuevamente la selección a supuestos que presenten
importantes rasgos de opacidad o deslocalización, y contando con la
coordinación de la Unidad Central de Coordinación del Control de
Patrimonios Relevantes, que también realizará investigación directa.
También se intensificará el control de las rentas obtenidas por artistas y deportistas no residentes que realizan actividades en territorio español por las que obtienen rentas que en muchos casos deben tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Fuente: Expansión