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DESDE ENERO. Montoro anuncia que el Gobierno ultima un plan de lucha contra el fraude para reforzar el control de las liquidaciones del IVA, restringir los aplazamientos y reducir los pagos en efectivo.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Gobierno ultima un plan de lucha contra el fraude para reforzar el control de las liquidaciones del IVA, reducir los pagos en efectivo y restringir los aplazamientos. Así lo avanzó en respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre en la que éste le urgía a que explicara las medidas adoptadas para garantizar que quienes se acogieron a la amnistía fiscal en 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley y no al 3% como hicieron de media.
Montoro instó a De la Torre a mirar al futuro en lugar de al pasado y le invitó a presentar un proyecto de ley que pida revisar la amnistía. El ministro explicó que el plan de lucha contra el fraude se enmarca en un paquete de medidas, promovidas por la Agencia Tributaria (AEAT), que el Gobierno está preparando para la lucha contra el fraude y que “pueden reportar importantes ingresos” a partir de 2017. La intención de Hacienda es aprobarlas mediante un Real Decreto-ley antes de que acabe el año en lugar de esperar a incluirlas en los Presupuestos del año que viene. De hecho, el ministro apuntó que el paquete llegará a la Cámara “pronto” y que podría aprobarse en el Consejo de Ministros del 2 de diciembre junto con el techo de gasto.
Entre estas medidas, figuran algunas “relativas al control de las liquidaciones del IVA”, lo que no implicará la subida del impuesto, insistió Montoro, al tiempo que se abogará por “reducir los pagos en efectivo”.
El paquete se dirige a atajar la escasa recaudación que arrastra España en el IVA. Aunque ha mejorado sus ingresos desde el 3,9% sobre el PIB registrado en 2009 hasta el 6,5% en 2015, sigue siendo el tercer país de la UE con menor recaudación por este impuesto (ver gráfico).
En lo que respecta a las liquidaciones, Hacienda tiene pendiente la aprobación de un Real Decreto para que las grandes empresas informen del IVA casi en tiempo real de las facturas emitidas y recibidas, en concreto, cada cuatro días. El proyecto, denominado SII (Suministro Inmediato de Información), debería entrar en vigor en enero y no llegó a ser validado por el Consejo de Ministros antes de que el Gobierno entrara en funciones hace un año.
A esto se sumaría otro plan aplazado por la AEAT que afectaría a las pymes, y que se anunció junto con un endurecimiento del control sobre las ventas en negro, que consiste en convertir las declaraciones trimestrales del IVA de las pequeñas y medianas empresas en mensuales, como las del resto, y exigir muchas más obligaciones formales, en línea con el modelo 340, por el que se debe detallar cada factura. Además, La Agencia proyectaba que estos nuevos requisitos tuvieran incidencias en otros impuestos como en el de Sociedades.
También se revisarán los aplazamientos en los pagos a la AEAT porque, según el ministro, “no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos” y quede un volumen de deuda pendiente “de decenas de miles de millones de euros”. En concreto, Hacienda acumula 49.272 millones de euros de deuda pendiente de cobro.
De hecho, este “plan de lucha contra el fraude” empezará a concretarse la próxima semana, añadió Montoro, cuando el Gobierno tiene que exponer las medidas para el cumplimiento de los objetivos de déficit público.
Cabe recordar que la AEAT publicó una instrucción que hizo inadmisibles los aplazamientos del IRPF desde enero de 2014 salvo muy contadas excepciones para evitar que las empresas se financien con las cotizaciones de sus trabajadores. La Agencia ha recibido una avalancha de solicitudes de aplazamientos (ver EXPANSIÓN del 24 de octubre) por parte de empresas que no pueden pagar el pago fraccionado incrementado de Sociedades al doble, en vigor desde el 30 de septiembre. Se había anunciado que el alza se ceñiría a empresas con cifra de negocio a partir de 20 millones, pero al final afectó a las que facturan desde 10 millones. De esta forma, Hacienda puede restringir los aplazamientos de Sociedades y endurecer las garantías que se deben aportar para que se admitan.
José Luis Groba, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), señala que el paquete parece dirigirse a atajar que se retrase el pago del IVA –ahora mismo, a enero–, con el fin de poder cumplir con los pagos fraccionados de Sociedades.
En cuanto a los pagos en efectivo, el pacto entre PP y Ciudadanos pide “facilitar el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe” y “establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones”. A esto se suma que Hacienda estudia rebajar el límite de efectivo de 2.500 euros para operaciones en que intervenga al menos un empresario o un profesional que implantó la Ley de Lucha contra el Fraude de 2012.