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Lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria pone bajo la lupa a los jubilados extranjeros residentes en España y a los españoles retornados que no declaran sus pensiones de un país extranjero.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero, si bien el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que “no se les está tratando como defraudadores” y que se está estudiando “caso a caso” para evitar perjuicios innecesarios sobre su patrimonio.
Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso al ser preguntado por el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, por el número de procedimientos de gestión tributaria que se han abierto a emigrantes retornados por pensiones no declaradas, un asunto por el que el PSOE nacional y gallego preguntan con insistencia desde hace un año.
Entre los afectados se encuentran la comunidad de británicos y alemanes que reside en España y los españoles que trabajaron en Alemania, Suiza y otros países y luego han vuelto. Hacienda traslada que buena parte de la información de que dispone procede del intercambio de datos fiscales que le han proporcionado los países de origen y de trabajo de estos colectivos.
Según Montoro, el porcentaje de inspecciones que afectan a este colectivo es “realmente pequeño” en relación con las 800.000 actuaciones totales iniciadas por la Agencia el año pasado, y además se está llevando a cabo un “examen individual de cada expediente” para tener en cuenta las “circunstancias personales y familiares” de cada ciudadano, tales como la edad, los descendientes a su cargo o la existencia de algún tipo de discapacidad.
La intención es poder aplicar medidas de aplazamiento o fraccionamiento del pago siempre que sea posible y, así, evitar “perjudicar la situación patrimonial de los afectados”.
De hecho, el titular de Hacienda aseguró que se están concediendo “aplazamientos automáticos sin necesidad de garantías” a quienes tienen una deuda inferior a los 18.000 euros y que más de 3.800 personas afectadas por autodeclaraciones extemporáneas derivadas de un requerimiento se han beneficiado de aplazamientos por valor de 5,21 millones de euros.
Sin embargo, Hurtado dijo que se está tratando de forma “injusta” a estos pensionistas mientras se permite a 30.000 defraudadores beneficiarse de una “amnistía fiscal” como la de 2012. “Sobre estas personas, usted ha hecho recaer la Ley General Tributaria con todo su peso, sin ningún tipo de consideración. Sin embargo, para los amnistiados ha sido benévolo y bastante comprensivo, hasta el punto de que ha modificado la propia ley”, le recriminó.
El diputado andaluz insistió en acusar a Montoro de “tratar como defraudadores” a unos pensionistas cuyo único delito ha sido recibir una “información errónea” de la AEAT sobre el tratamiento que debían dar a sus pensiones en el extranjero. “Para evitar este sufrimiento habría bastado con información, porque no son defraudadores”, lamentó.
Hurtado criticó que la AEAT centre el grueso de sus inspecciones en pensionistas y trabajadores por cuenta ajena, que declaran de media unos rendimientos anuales de 19.500 euros, frente a los menos de 10.000 euros al año que declaran por estimación directa los grandes empresarios, lo que ha provocado que la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal haya caído el año pasado en 600 millones de euros.
Por último, el ministro afirmó que “si el Gobierno tiene ojos pequeños para luchar contra los grandes defraudadores”, los socialistas debían estar “mirando hacia el horizonte del Atlántico”, porque cuando llegó al Ministerio “la situación del pago de Sociedades sólo se puede adjudicar a un gobierno de izquierdas”.
Fuente: Mercedes Serraller. Expansión.