Boicot a la medida estrella de la ley de emprendedores/ Patronales de pymes, autónomos y fiscalistas denuncian coacciones de grandes compañías a sus proveedores para que no se acojan al IVA de caja so pena de no volver a contratar con ellos.

Muchas de las grandes empresas están comunicando a sus proveedores que no volverán a contratar con ellos en caso de que decidan acogerse al denominado IVA de caja, según el cual las pymes no deberán abonar a Hacienda dicho impuesto hasta que no hayan cobrado. Así lo cuentan pymes y autónomos afectados a este diario, situación que corroboran las patronales y plataformas que les representan, fuentes de las grandes compañías y abogados y asesores fiscales. Estas advertencias se empezaron a producir ya en septiembre, cuando se aprobó la Ley de Emprendedores que introduce este ventajoso sistema fiscal para las pymes, y se han multiplicado en las últimas semanas ya que las pymes deben comunicar a la Agencia Tributaria durante diciembre que quieren estar en este régimen, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

El nuevo modelo establece que las pymes que facturen menos de dos millones al año que decidan entrar en el IVA de caja no deberán ingresar el impuesto en Hacienda hasta que cobren, por lo que las grandes empresas con las que trabajan no se podrán deducir el IVA hasta que no hayan pagado. Ahora, las pymes abonan el impuesto cuando se emite la factura, sin haberlo cobrado y a veces sin perspectivas de hacerlo, lo que lleva a muchas a la liquidación.

Por este motivo, dado que las grandes compañías mantienen de forma generalizada unos dilatados plazos de pago –algunas del Ibex lo hacen a más de 200 días– y tienen su pagos protocolizados, están transmitiendo a sus proveedores que si se meten en el sistema, no trabajarán más con ellos. Además, entrar en el nuevo régimen, que los asesores fiscales consideran “complejo”, implica costes de adaptación y trámites añadidos en los libros de registro.

Estas comunicaciones se están produciendo, sobre todo, en los sectores más morosos, fundamentalmente, en la construcción, seguido de quienes proveen otros servicios a las empresas en el ámbito de la logística, en hostelería y transporte, según las patronales de pymes y autónomos.

Así lo traslada Sebastián Reyna, presidente de la patronal de autónomos Upta. “Muchos de nuestros asociados están siendo advertidos por las grandes empresas de que no contarán con ellos si se acogen al sistema”, lamenta. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a un millón de pymes por los impagos, apunta que muchos grandes morosos son empresas del Ibex que curiosamente se están beneficiando del Plan de Pago a Proveedores. Esta plataforma ha propuesto al Gobierno que invierta el sujeto pasivo para que la pyme quede exonerada del impuesto y sea la gran empresa la que soporte y se devengue el IVA. En la misma línea se manifiesta Juan María Gimeno, presidente de la Comisión Económico-Fiscal de Pimec, patronal de pymes de Cataluña: “Dudo que la norma vaya a ser efectiva. Debería haber voluntad de evitar este problema”.

Desde Cepyme explican que ya alertaron de que este conflicto se iba a producir y que intentaron introducir una enmienda a la ley por la que las grandes empresas se pudieran deducir el IVA antes de pagar. El Gobierno no ha considerado este cambio porque supondría una pérdida de ingresos para las arcas públicas.

Los asesores fiscales también constatan que estas alertas de las grandes empresas se están produciendo. Lo refrenda Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget). Y Antonio Duran-Sindreu, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quien cree que Hacienda debería simplificar el régimen. A su juicio, la mejor fórmula es que el Fisco asuma el coste, que la gran empresa se pueda deducir el IVA aunque no haya pagado. Y Hacienda controlaría directamente al moroso.

Por último Lorenzo Amor, presidente de la plataforma de autónomos ATA, detalla que el problema se concentra en sectores poco especializados, como construcción y transporte, y menos en los de valor añadido (arquitectos, asesores, etcétera). Pide al Gobierno que amplíe el plazo para acogerse al régimen de diciembre a marzo o abril.

Fuente: Expansión. Mercedes Serraller. Madrid