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Nuevo varapalo a empresas y trabajadores. El presidente de la Airef desvela que el Ejecutivo quiere recaudar hasta 1.100 millones de euros adicionales con el mayor aumento anual en las bases máximas de cotización de la última década.
Nuevo varapalo fiscal del Gobierno a empresas y trabajadores. El Ejecutivo socialista piensa introducir una subida de entre el 10% y el 12% en las bases máximas de cotización a la Seguridad Social con el objetivo de recaudar hasta 1.100 millones de euros adicionales con los que espera cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas. Así lo reveló ayer durante su comparecencia en el Congreso el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, quien explicó que esta medida no se había detallado en el borrador presupuestario enviado a la Comisión Europea y que todavía se encuentra a la espera de su “formulación definitiva”.
Actualmente, la base máxima de cotización se sitúa en una aportación salarial de 45.636 euros anuales, lo que equivale a su vez a 3.803 euros al mes. Por tanto, de cumplirse con la subida máxima que está estudiando el Gobierno –del 12%– aumentaría hasta 51.112 euros anuales y 4.260 euros mensuales. Por tanto, en términos anuales, esto supone un incremento de casi 5.000 euros en el “techo” a partir del cual se deja de cotizar a la Seguridad Social. Una medida que afectará principalmente a los empresarios, que actualmente se encargan de ingresar la mayor parte de las cotizaciones sociales. Pero también ejercerá un impacto perjudicial sobre los trabajadores, además de por la parte proporcional que les corresponde, también porque soportarán el efecto a la baja sobre sus salarios que supone este severo aumento de los costes para sus empleadores.
Los cálculos del Gobierno, avalados también por la autoridad fiscal, es que mediante esta subida se recaudarán entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales, que irían destinados a cubrir el agujero en la Seguridad Social ocasionado por las pensiones. Con esta medida el Ejecutivo se acerca considerablemente a las posiciones defendidas tanto por Unidos Podemos como por los sindicatos, quienes han defendido el denominado “destope” –esto es, la eliminación por completo de las bases máximas– como la receta que permitirá financiar la subida de las prestaciones con acuerdo a la inflación, como ha establecido el Pacto de Toledo.
Pero además de ser insuficiente per se para cubrir esta revalorización, lo que hace esta medida es incrementar aún más las cotizaciones sociales que tienen que soportar los empresarios españoles, que actualmente se encuentran entre las más elevadas de Europa (ver información adjunta).
Se trata no solamente del mayor incremento que se ha introducido en las últimas décadas, sino que además se suma a todos los que se han producido durante el último lustro (ver gráfico en esta página). Tanto en 2013 como en 2014 las bases máximas aumentaron un 5% anual, reduciéndose posteriormente el ritmo con un 0,25% de subida en 2015 y un 1% en 2016. Se volvió a elevar un 3% en 2017 y, aunque había permanecido congelada durante la primera mitad del año, con la entrada en vigor de los Presupuestos a partir de agosto, volvió a sufrir una subida del 1,4%.
Con este nuevo varapalo, las empresas se convertirán todavía más en las grandes perjudicadas del nuevo Presupuesto que el Ejecutivo socialista confía en sacar adelante durante los próximos meses. Según las previsiones realizadas por el propio Gobierno, soportarán más de dos terceras partes del ‘hachazo’ fiscal, que tendrán que pagar 1.776 millones más en impuestos por el cambio en Sociedades; 1.200 millones por la creación de la tasa Google y otros 850 millones por la nueva tasa Tobin.
Fuente : Expansión