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Consejo de Ministros. Recrimina al PSOE que no haya esperado a la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo, como ofreció Rajoy en la investidura de agosto, para abordar este asunto “de Estado”.
El Gobierno estudia un veto para la proposición de ley que pide revalorizar las pensiones con el IPC que han registrado en el Congreso la mayoría de grupos, con la excepción de PP y Ciudadanos. Así lo trasladó ayer la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que los servicios jurídicos lo están analizando y que hay sobrados precedentes. El artículo 134.6 de la Constitución y el 126 del Reglamento de la Cámara Baja permiten al Gobierno instar este veto si la oposición impulsa iniciativas que incrementen el gasto.
Según Santamaría, que recriminó al PSOE que no haya esperado a la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo, como ofreció Rajoy, para abordar este asunto, el índice de revalorización de las pensiones que aprobó el PP permitió subirlas 2.077 millones en 2013, mientras que si se hubieran armonizado con el IPC, al ser éste negativo habría que haberlas bajado 1.240 millones.
En el Consejo de Ministros el Ejecutivo dio ayer luz verde al plan presupuestario para 2017 y al informe de acción efectiva, que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit del 4,6% este año y que remitirá a Bruselas hoy, cuando finaliza el plazo.
Se trata del adelanto a julio del cierre presupuestario y el aumento de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para recaudar 8.300 millones. La vicepresidenta confió en que el Decreto de los pagos de Sociedades pueda ser convalidado en el Congreso el 20 de octubre.
El documento sobre acción efectiva también informa de la preparación de la transposición de la Directiva sobre contratación pública, cuyo plazo ha expirado, por lo que Bruselas ha abierto expediente a España. El Ejecutivo ultima un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros cuando haya nuevo Gobierno para dar publicidad a contratos negociados.
También se remitirá a Bruselas el plan presupuestario de 2017, que supone la prórroga de los Presupuestos de 2016, pero con previsiones de ingresos y gastos “muy prudentes”. De momento, el texto contempla un déficit del 3,6%, medio punto por encima del objetivo comprometido, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto. Será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar un recorte de unos 5.000 millones, lo que se podría hacer en un Real Decreto-ley de urgencia en noviembre junto con el techo de gasto y medidas como el alza salarial para los funcionarios, mientras se empiezan a tramitar los Presupuestos.
Fuente: Expansión