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Informe de la cámara de cuentas regional/ El ente fiscalizador detecta que 138 millones, el 42% de los pagos, del plan de fomento del trabajo autónomo están sin justificar y con el plazo límite vencido.
La Junta de Andalucía se ve de nuevo en el ojo del huracán por la gestión de los fondos públicos. A los escándalos de los últimos años, con el ‘caso ERE’ a la cabeza, se suma ahora uno vinculado esta vez a las subvenciones otorgadas para el fomento del trabajo autónomo dentro de un plan que abarcó el periodo comprendido entre 2007 y 2013, con Manuel Chaves primero y José Antonio Griñán posteriormente como presidentes.
En concreto, la Cámara de Cuentas de Andalucía dio ayer a conocer un informe en el que refleja que existen 138,5 millones de euros –lo que representa un 42% sobre los pagos materializados– pendientes de justificar y con el plazo límite vencido, es decir, abocados a iniciar el procedimiento de reintegro.
El organismo denuncia que la ejecución de este programa ha tenido “falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad en la gestión de las ayudas concedidas”. Igualmente, censura la forma de desarrollar encomiendas de gestión de dicho plan y apunta a la existencia de exoneraciones que adolecen de “falta de motivación”.
Otra de las críticas de la Cámara de Cuentas es que el programa no contemplaba la previsión de financiación para su ejecución. Es decir, sólo determinaba que la concesión de los incentivos se condicionaba a la existencia de dotación presupuestaria en cada ejercicio económico.
Además del riesgo de que se pierdan fondos para las arcas andaluzas, el ente fiscalizador advierte de que la propia Administración se encuentra con la dificultad de localizar a los beneficiarios para efectuar las notificaciones de requerimiento o reintegro necesarias, “teniendo que articular los procedimientos de publicación previstos en la normativa, implicando dilaciones y costes añadidos para poder finalizar la tramitación de estos expedientes”.
Es por ello que traslada dos peticiones al Ejecutivo de Susana Díaz. Respecto a los 533 expedientes pendientes de justificar por el beneficiario, reclama que “no se demoren los trámites de requerimiento y aquellos orientados a la exigencia del reintegro de la cantidad abonada que corresponda”. En relación a los 2.933 con justificaciones presentadas y que están en trámites de verificación, la Cámara apunta que “se debe agilizar la gestión, para poder efectuar los pagos”.
Por su parte, la Junta negó ayer cualquier tipo de irregularidad y atribuyó los retrasos a un “excesivo voluntarismo” de la administración y a la falta de personal en un momento de crisis en el que hubo una “avalancha” de solicitudes, defendió el secretario general de Economía, Gaspar Llanes.
Además, se mostró disconforme con algunos datos recogidos en el informe y, en este sentido, rebajó la cantidad de libramiento pendiente de justificar a 115 millones, lo que representa el 34% de las subvenciones pagadas, “de forma que dos de cada tres están justificadas”, resaltó Llanes.
Por último, garantizó que los expedientes de ayudas no prescribirán y avanzó que la Junta tardará unos dos años en acabar de verificar las justificaciones de los beneficiarios.
Fuente: S.Onrubia/L.Velasco. Expansión