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“Estamos trabajando intensamente desde hace dos meses con Trabajo en
el registro horario, que habría que revisar”. Así lo ha trasladado el
presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista a 24 horas.
Garamedi considera que “en tres frases se ha intentado encajar todo un
mundo laboral, lo que es muy difícil”, en alusión a que la introducción
del registro diario obligatorio de la jornada laboral ocupa apenas tres
frases en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo.
Esta breve y, a juicio de empresas y abogados, inconcreta
modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores entró en
vigor el 12 de mayo y ha causado una auténtica revolución, ya que las
empresas y los expertos analizan un alud de dudas y de cuestiones por
resolver.
La nueva norma quiere aflorar horas extra que no se declaran,
y muy a menudo no se retribuyen, y otros incumplimientos horarios. El
máximo legal es de 1.826 horas y 27 minutos de horas trabajadas al año,
descontadas vacaciones y festivos. Cabe recordar que en España, cada
semana de 2018 se realizaron una media de 6,5 millones de horas
extraordinarias, de las que 3,6 millones no fueron abonadas ni
cotizadas, según el INE. Si tenemos en cuenta que las horas extras
tienen una cotización idéntica que las ordinarias, la estimación de
ingresos por las horas que afloren que maneja Trabajo es de cerca de 500
millones de euros.
Garamendi subrayó en la citada entrevista que la patronal es
firme en la persecución de quienes no declaran ni retribuyen las horas
extra y lamentó que, al igual que en la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), el Gobierno no haya consultado a los agentes
sociales. La patronal está, por lo tanto, trasladando al Ministerio los
problemas que plantea la norma.
También están expresando su malestar abogados, autónomos,
trabajadores del campo, y Cepyme, ya que las pymes tiene dificultades
añadidas de adaptación al registro y a menudo no tienen representantes
de los trabajadores se movilizan contra la nueva obligación.
La Abogacía y otras profesiones de servicios profesionales
chocan con la nueva normativa laboral, que pretende aflorar horas extra
no declaradas o no retribuidas e incumplimientos relativos a la jornada y
a los descansos que marca la ley, que prohíbe trabajar más de 1.826
horas y 27 minutos al año. Banca de inversión, abogados, consultores y
auditores ven peligrar sus bonus con pactos de 2.000 horas o más y sus
jornadas.
La Abogacía elabora un Dictamen sobre el encaje de la
profesión en el registro horario en un posible desarrollo reglamentario
que Trabajo ha dicho que en principio no contempla, pero que la
Abogacía y otros colectivos no dan por perdido.
Ante las dudas que cunden entre las empresas, Trabajo publicó
una Guía que intentaba aclarar la norma. El Ministerio declaró que la
Inspección iba a aplicar la norma “con mesura”, pero luego advirtió:
“Nadie se lo ha tomado en serio. Va a actuar”. La Inspección ya ha
abierto las primeras diligencias sancionadoras en hostelería y talleres
de coches.
Se ha movilizado Lorenzo Amor, presidente de la plataforma de autónomos ATA, quien considera insuficiente la exención del propio autónomo que hace la Guía y recuerda que 1,6 millones de autónomos tienen uno o dos asalariados, con lo que esta nueva obligación constituye una carga administrativa más de las muchas que afectan al sector. Amor prepara un documento para el Gobierno y está trabajando para que los autónomos queden eximidos de registrar la jornada de sus trabajadores.
Fuente: Expansión