Báñez quiere que los autónomos coticen más y que los impuestos paguen la viudedad

El congreso comienza la reforma de las pensiones. El Gobierno propone que los impuestos financien la ‘tarifa plana’ a la Seguridad Social para promover la creación de empleo. Los tributos soportarían el gasto del apoyo a la ocupación.

El Gobierno quiere que los trabajadores autónomos contribuyan más a la Seguridad Social, aumentado la parte de sus ingresos que dedican a este fin. Dicho de otra manera que hagan un esfuerzo y eleven su base de cotización para conseguir dos objetivos: el primero, corregir el déficit de 7.000 millones anuales que tiene este régimen específico de la Seguridad Social, para que, en segundo lugar, cuando llegue la hora de cobrar su pensión no necesiten un complemento adicional. Es decir, la ayuda que les dan todos los cotizantes para que, por lo menos, su pensión sea igual a la prestación mínima del sistema.

El 85% de los trabajadores autónomos cotiza hasta los 47 años por una base mínima de 893 euros al mes. Aplicado el tipo correspondiente en función de si el autónomo cotiza por incapacidad temporal, o no, la cotización a la Seguridad Social mensual está entre 270 y 230 euros. Así, hasta los 47 años, porque, a partir de esta edad, la Seguridad Social exige a los autónomos que aumenten su base de cotización.

En todo caso, la propensión de estos trabajadores/empresarios a cotizar por la base mínima hace que cuando llega la edad de jubilación su pensión es tan baja que ni siquiera llega a la prestación mínima de la Seguridad Social.

La pensión no contributiva, por no haber cotizado lo suficiente a la Seguridad Social está comprendida entre los 367 euros y los 551,85 euros mensuales, en el mejor de los casos. Existe pues una diferencia con las cuantías de las pensiones mínimas de la Seguridad Social. En función de la situación familiar del pensionista la horquilla más común de las pensiones mínimas de la Seguridad Social está entre 595 euros al mes y 784,90.

Por lo tanto, el sistema de protección tiende a cubrir la diferencia entre una prestación asistencial, o no contributiva, y la prestación más baja de la Seguridad Social. Es lo que técnicamente se conoce en la administración laboral como los complementos a mínimos. En estos momento, 2,5 millones de pensionistas perciben estas ayudas de la solidaridad de los demás. Por esta razón, Báñez planteó ayer, ante la Comisión del Pacto de Toledo, “hacer una labor pedagógica” con los autónomos que siguen pagando los niveles mínimos a la Seguridad Social, para que comprendan que, al final de su vida laboral les espera una pensión muy baja. Y, en segundo lugar, que todo el mundo debe entender que los dos regímenes hacia los que camina la configuración del sistema de protección social, el general, donde están los asalariados, y el de los autónomos, donde están los trabajadores por cuenta propia, “deben autofinanciarse”.

Viudedad y orfandad

La segunda propuesta que planteó Báñez al Congreso de los Diputados para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones fue que los impuestos financien las pensiones de viudedad, orfandad y favores familiares. Son conocidas como prestaciones de supervivencia, porque las cobran los familiares y descendientes del trabajador o trabajadora que ha fallecido.

Es una reforma importante, porque supondría que las cotizaciones sociales dejan de aportar 22.000 millones de euros anuales. La ministra puntualizó que su idea es hacer la reforma de la financiación de estas pensiones “sin que cambie su régimen jurídico”. Es decir, manteniendo los derechos de estos beneficiarios a la prestación contributiva. Lo único que cambiaría es la fuente del pago. Es un paso más dentro de lo que técnicamente se conoce como la separación de las vías de financiación. Otra forma de entenderlo es que las cotizaciones sociales sólo financien las prestaciones de origen laboral, mientras que los impuestos deben sostener lo que algunos entienden como pensiones asistenciales. Esta es una reforma a la que, por el momento, UGT se opone rotundamente, porque considera que las prestaciones de viudedad, orfandad y de favores familiares son tan contributivas como las demás.

En esta línea de la separación de las fuentes de financiación, la tercera reforma importante que Fátima Báñez planteó a la Comisión del Pacto de Toledo es que también los impuestos paguen las ayudas a la creación y la consolidación de empleo, en lugar de las cotizaciones sociales. Técnicamente se entiende como la transformación de la reducción de cotizaciones sociales en bonificaciones. En la primera opción la Seguridad Social no ingresa nada. El gasto fiscal es de 1.900 millones de euros. En la segunda opción, la ministra plantea que el Servicio Público de Empleo sea el que pague las cotizaciones al sistema de protección. Entre las reducciones y las cotizaciones sociales suman 4.000 millones al año. Báñez está planteando que los impuestos cubran los agujeros dejados en la Seguridad Social por las llamadas tarifas planas para el primer empleo, de 100 euros, y para los nuevos autónomos, que ahora sólo deben abonar 50 euros al mes. Junto a todas estas propuestas del Gobierno, que debe discutir la comisión parlamentaria, Báñez se comprometió a intensificar la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social.

Fuente: Expansión