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La seguridad Social hará 64.000 actuaciones hasta final de año. El Gobierno moviliza a 260 inspectores médicos, que ampliarán su jornada laboral semanal 4 horas, para ahorrar 33 millones de euros.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pondrá en marcha el lunes un plan de choque para el último trimestre del año, con el fin de intentar contener el crecimiento del gasto en incapacidad temporal. O dicho de otra manera, para luchar contra el fraude en esta prestación. Con ello, la Seguridad Social espera ahorrar 33 millones de euros, según informó ayer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Para ello, el INSS ha movilizado con carácter voluntario a 267 inspectores médicos más, que ampliarán cuatro horas su jornada laboral semanal. El objetivo es hacer 64.000 controles médicos adicionales, lo que supone un crecimiento del 25% respecto al plan ordinario que ya estaba realizando el INSS.
El plan responde “a la necesidad de reforzar las actuaciones frente al incremento de los procesos de incapacidad temporal y de la duración media de los mismos”.
Crecimiento del gasto
Así, desde 2012, en plena crisis económica, el gasto de la Seguridad Social por bajas laborales ha crecido más de un 10% anual. En 2017, el capítulo supuso 7.586 millones de euros y las previsiones para este año ascienden a 7.979 millones de euros. Se trata de un crecimiento continuo del gasto, que se debe a la creación de empleo, porque aumenta el universo potencial de trabajadores que pueden entrar en baja. También se debe al incremento del fraude. En época de crecimiento y creación de empleo desciende el temor a perder el trabajo por estar de baja laboral. Desde 2012, el número de procesos de baja laboral ha crecido un 25%.
Gloria Redondo, directora general del INSS, explicó ayer a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social la necesidad de luchar contra un fraude creciente. Aunque de una manera inextricable, en un comunicado público el Ministerio prefirió suavizar la justificación del plan.
“El principio de solidaridad de nuestra Seguridad Social se fortalece cuando el ciudadano percibe las prestaciones que le corresponden y no percibe aquellas que no les corresponden”. “Por eso es importante –añadió Redondo– reforzar la eficiencia del sistema [de control de las bajas laborales], que es hacia lo que van encaminadas estas actuaciones”.
Por todas estas razones, una de las demandas más significativas de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social es que el Gobierno les permita dar de alta a los trabajadores en los procesos de enfermedad –contingencia común– que es donde está el grueso del gasto y del fraude potencial. Por ejemplo, entre otros, los procesos de gripe, resfriados, migrañas, lumbalgias o depresiones.
Pérdida de salario
Las mutuas estiman que este tipo de bajas laborales, por incapacidad temporal, tiene un coste para las empresas de 6.218 millones de euros, porque deben pagar al trabajador entre el cuarto y décimo quinto día de la baja. La prestación cubre la pérdida de salario mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral; enfermedad profesional o accidente de trabajo y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social y de las mutuas.
En la actualidad, hay 18.145.243 trabajadores protegidos por contingencias comunes, de los que 13.957.927 están cubiertos por las mutuas, 4.151.090 por el INSS y 36.226 por el Instituto Social de la Marina.
Para preseleccionar los procesos de bajas laborales que serán objeto de control médico en este plan, el INSS aplicará tecnología informática de “última generación”.