Seis recetas para salvar las pensiones.

Propuestas/ Los expertos quieren acelerar e intensificar las reformas.

La inflación, como forma de actualizar las pensiones, no ha funcionado, ya que no preveía los riesgos derivados de las variables demográficas y asumía promesas que, sin crecimiento, no podía cumplir.

Para corregirlo, el Ejecutivo introdujo el año pasado un nuevo Índice de Revalorización, que actualizaría las pensiones un 0,25% anual como mínimo y el IPC más 0,5 puntos como máximo (ver página 29), lo que abre la puerta a la pérdida de poder adquisitivo en algunos años. Además, quienes se jubilen a partir de 2019 se verán afectados por el Factor de Sostenibilidad, que modificará la cuantía de las pensiones según la evolución demográfica, con lo que se espera que la cuantía baje.

Sin embargo, para muchos expertos esta reforma es limitada y, aunque se calcula que permitirá ahorrar 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022, no es suficiente. “Con la reforma, el sistema no debería tener problemas a medio plazo, pero las perspectivas demográficas del INE indican un empeoramiento sustancial de las perspectivas de las pensiones” y hay que hacerle frente cuanto antes, alerta Sergi Jiménez, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en materia de pensiones de Fedea.

Este futuro se concreta en la relación entre trabajadores y pensionistas, que ha caído al 1,95 (se estima que es necesario alcanzar un mínimo del 2,1 para mantener el equilibrio) y “el déficit del sistema difícilmente volverá a ser superávit sólo por la creación de empleo”.

Jiménez explica que hay tres formas de ajustar el sistema de pensiones: aquellos que se referencian a la esperanza de vida, los que se vinculan a la tasa de dependencia y los que evolucionan conforme al PIB o la productividad. En este sentido, es cierto que España introdujo uno del segundo tipo, pero el experto de Fedea considera necesario introducir una variable vinculada al PIB o a la productividad para cubrir los efectos del ciclo económico.

Otra medida puede ser referenciarlo a la esperanza de vida después de la jubilación, lo que mantendría el equilibrio entre el activo (el número de personas que pagan) y el pasivo (el de las que cobran) del sistema. Para Robert Meneu, profesor de la Universidad de Valencia, este modelo tiene más sentido que referenciar la edad de jubilación únicamente a la esperanza de vida, ya que de esta forma los años que vive una persona después de jubilarse quedan fijados en torno a 20 y los costes se estabilizan. Según las proyecciones actuales del INE, apunta Meneu, cada cinco años la jubilación debería retrasarse en cerca de 8 meses. El economista señala que, si no se hace este ajuste, las pensiones deberían bajar en torno a un 3% cada cinco años para ser sostenibles.

Sin embargo, una forma de reducir esta cuantía progresivamente a quienes menos han cotizado es aumentar los años de trabajo que se tienen en cuenta para calcular la pensión de jubilación. A la vez, se incentivaría que muchos autónomos en los tramos bajos, que retrasan sus cotizaciones artificialmente hasta el último momento, aporten más al sistema.

La cuarta pata podría ser adelantar la entrada en vigor de las reformas. Meneu indica que si el Factor de Sostenibilidad se introdujera ya, podría ser mucho más progresivo y afectar más suavemente a los pensionistas. En cambio, si se retrasa hasta 2019, tendrá que hacerse de forma mucho más drástica.

Adelantar la entrada en vigor de las reformas tendría, además un efecto secundario: aumentaría los incentivos al ahorro privado, algo que todos los expertos consultados reclaman como positivo.

Favorecer la transición hacia un sistema de capitalización, argumentan, es positivo porque impulsaría las inversiones en el país y el crecimiento del PIB y reduciría la dependencia de las pensiones públicas. El objetivo, sugieren algunos economistas, es que el destino sea el modelo británico, donde el Estado garantiza una pensión mínima y el resto depende de las aportaciones del trabajador.

Sin embargo, para que esto tenga éxito es necesario que aumente la rentabilidad de los planes de pensiones privados. Según un estudio del profesor del IESE Business School Pablo Fernández, sólo el 4,2% de los fondos españoles superaron la rentabilidad del bono español en los últimos 15 años, mientras que un 8,5% tuvo una rentabilidad promedio negativa.

Para que los planes de pensiones tengan una mayor demanda y sean más competitivos no sólo basta con que sus aportaciones desgraven en el IRPF o limitar las comisiones, como proyecta hacer el Gobierno, sino que habría que mejorar las condiciones de portabilidad e introducir algún tipo de obligación en las empresas para ofrecerlos, pudiendo el trabajador aceptarlos o no. Una mayor inversión en estos fondos se traduciría también en un mayor crecimiento de los ingresos públicos, lo que facilitaría el pago de pensiones a quienes no hayan podido ahorrar lo suficiente.

Se han detallado muchas políticas para actuar en el lado de los gastos, pero la otra opción es hacerlo en el lado de los ingresos, favoreciendo la natalidad. Por ejemplo, un alivio en el IRPF para las familias con hijos, igualando este descuento con el de otros países de la OCDE, podría tener este efecto.

Fuente:  P. Cerezal.Expansión.