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CRÉDITO NO BANCARIO/ El Gobierno anunció ayer que potenciará las quitas y aplazamientos de pagos, incluyendo la conversión de la deuda de las empresas en capital, para evitar la quiebra de las empresas. Aprueba un anteproyecto para mejorar la financiación de las pymes que elimina trabas a las compañías pero que limita el ‘crowdfunding’.
El Gobierno aprobó ayer el primer paquete de medidas que prometió el presidente Mariano Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial “cuyo objetivo es hacer más accesible y flexible la financiación de las pymes”, según aseguró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. El Ejecutivo también ha propuesto una modificación normativa para reforzar a las entidades de capital riesgo y potenciará quitas y aplazamientos de pagos para evitar la quiebra de las empresas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que “son reformas para hacer más flexible el acceso al crédito bancario y fortalecer otras formas de financiación no bancarias”. Por su parte, De Guindos remarcó que esta norma busca facilitar la financiación alternativa de las pymes, ya que casi toda la que existe es de la banca, algo que no ocurre en otros países europeos, ni en EEUU, donde existen alternativas similares a las que aprobó ayer el Gobierno.
Estas son las nueve medidas que se pondrán en marcha para reabrir el grifo del crédito y facilitar la financiación no bancaria a las empresas españolas:
Se establece un sistema de preaviso por parte de los bancos que reduzcan las financiación a las empresas. El Anteproyecto de Ley obligará a las entidades de crédito a avisar con al menos tres meses de antelación y a dar información específica sobre la situación crediticia a aquellas pequeñas y medianas empresas cuya financiación “vaya a ser cancelada o notablemente reducida”.
Reforma de la Sociedades Garantía Recíproca (SGR). Se busca la “mejora” del funcionamiento de este tipo de sociedades –cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso al crédito de las pymes y mejorar, en términos generales, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante los bancos, los clientes o los proveedores–. Se establecerá que el reaval de la Compañía Española de Reafinanciamiento (CERSA) –que tiene la misión de ofrecer garantías para reforzar la solvencia de aquellas empresas con proyectos sólidos pero con problemas de crédito– se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la SGR tras el primer requerimiento.
Además, las SGR tendrán que aplicar los mismos requisitos de “honorabilidad, conocimiento y experiencia” propios de las entidades de crédito.
Régimen jurídico propio para los establecimientos financieros de crédito. Se les dotará de un marco normativo “más eficaz para mantener y potenciar su actividad”. Tendrán que estar completamente orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los de los bancos.
Cambios en la regulación de las titulizaciones en España. Se buscan dos objetivos. En primer lugar, flexibilizando el régimen jurídico de las titulizaciones –facturas no pagadas o préstamos en vigor que se emiten como títulos financieros en los mercados de capitales– se tratará de adecuar este instrumento a las actuales demandas de los inversores, copiando la normativa de los países más avanzados en la materia. El Gobierno también busca dar la máxima seguridad jurídica a este mecanismo de financiación dando respaldo legal a la operativa habitual en el ámbito de las titulizaciones.
Impulsar el Mercado Alternativo Bursatil (MAB). La idea del Ejecutivo es potenciar el tránsito de las sociedades desde la Bolsa a este sistema alternativo de negociación, que no termina de arrancar.
Se sustituirá el requisito de presentar una opa de exclusión –que consiste en lanzar una oferta en el mercado por las propias acciones– por otro mecanismo menos oneroso que garantice una adecuada protección de los inversores minoritarios. También se facilitará el tránsito desde le MAB a la Bolsa a aquellas compañías que para relanzar su actividad necesiten cotizar en este mercado oficial.
Eliminación de límites a la emisión de obligaciones. El Gobierno eliminará límites a estos préstamos a largo plazo, con el objetivo de facilitar el acceso directo de las compañías españolas a los mercados de deuda. Se tendrá que cambiar para ello la legislación mercantil.
Regulación para el crowdfunding. Es una de las medidas más polémicas, porque ha suscitado el rechazo de entrada de pequeños empresarios e inversores. El Gobierno asegura que es una “propuesta preliminar” para fijar condiciones estables a este nuevo sistema, que consiste básicamente en conectar a inversores y proyectos a través de plataformas electrónicas. Cada inversor sólo podrá aportar 3.000 euros por proyecto como máximo y 6.000 euros a través de cada plataforma.
Anteproyecto de Ley de Entidades de Capital Riesgo. Se crea el capital riesgo-Pyme, que se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital riesgo tradicionales permitiéndole un mayor uso de instrumentos financieros de deuda. Tendrán que invertir al menos el 70% de su patrimonio en pequeñas y medianas empresas.
Convertir las deudas en capital para evitar la quiebra de las empresas. Un Real Decreto Ley que se aprobará la semana que viene potenciará los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos. La gran novedad es que se facilitará que los bancos conviertan sus deudas con empresas con proyectos solventes en capital, para actuar en las fases preconcursales, que actualmente casi siempre acaban con el cierre de la empresa. También se buscará que se pueda dejar sin efecto los acuerdos de financiación. “Se trata de evitar que muchas empresas viables entren en concurso”, dijo Guindos.
Fuente: Expansión.Calixto Rivero