La patronal responde a los cambios laborales del Gobierno. La patronal sostiene que el Ejecutivo recurre al Real Decreto para modificar los convenios, porque “no puede tener una mayoría amplia en las elecciones”.
El enfrentamiento de los empresarios con el Gobierno subió de tono ante la pretensión del Ejecutivo de hacer importantes cambios laborales en un Real Decreto-ley, e intentar convertirlo en ley a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Es decir, con las Cámaras disueltas y días antes de las elecciones del 28 de abril. Por todo ello, los empresarios acusaron al Gobierno de “empobrecer la calidad democrática del país”.
Las organizaciones CEOE y Cepyme fueron contundentes al
respecto: “Tanto el Ejecutivo como el conjunto de los partidos políticos
tienen que ser conscientes de que el uso abusivo del Real Decreto -ley
constituye una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de
las leyes”. Es más, “la Constitución española limita el recurso al Real
Decreto-ley a los supuestos en que concurra una extraordinaria y urgente
necesidad”. “Un tipo normativo que, en última instancia, priva al
Congreso de los Diputados y al Senado de la potestad de dictar leyes con
la suficiente deliberación de todos los grupos parlamentarios”.
Es también un aviso de los empresarios a la izquierda, como
Podemos y, eventualmente, a los independentistas catalanes –PDeCAT y
ERC– y al PNV. Estas son las formaciones con las que el Ejecutivo – y el
PSOE– están intentado llegar a un acuerdo.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, corroboró a
EXPANSIÓN que su grupo apoyará al Gobierno si, finalmente, cumple las
negociaciones que han mantenido. Sin embargo, el portavoz del PNV,
Íñigo Barandiarán, advirtió al Ejecutivo de que su partido no le apoyará
“si no hay un acuerdo sobre el contenido íntegro” del Real Decreto. En
el mercado de trabajo, el PDeCAT y el PNV suelen tener posiciones más
próximas a los empresarios.
El poder legislativo
No obstante, CEOE y Cepyme recalcaron al Ejecutivo que “el
recurso a este instrumento [el Real Decreto-ley] cuando ya se ha
anunciado la disolución de Las Cortes supone la relegación del poder
legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática del
país”.
Además, los empresarios advierten al Gobierno de que “debe
tener en cuenta que el artículo 86 de la Constitución excluye una serie
de materias de la regulación por Real Decreto-ley”. Especialmente, los
que se refieren a los “derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos”.
El enfado de los empresarios se debe a que el Gobierno
pretende cambiar varios aspectos de las reforma laboral del año 2012,
que hizo el Ejecutivo del PP, con el fin de restaurar la protección de
los trabajadores. Además, el Ejecutivo va a hacer estos cambios con el
respaldo de los sindicatos y el rechazo de CEOE y Cepyme.
El Ejecutivo quiere restaurar la primacía del convenio
sectorial sobre el de empresa en aspectos sustanciales de las relaciones
laborales. Por ejemplo, en el salario, la jornada laboral, los turnos
de trabajo, las vacaciones o la clasificación profesional, entre otros.
El Gobierno también pretende restaurar la prórroga indefinida del
convenio, aunque haya caducado, mientras no sea sustituido por otro
nuevo que sea el fruto del acuerdo entre la empresa y los trabajadores.
Otra medida que rechazan CEOE y Cepyme es la pretensión del Gobierno de
recuperar el registro obligatorio de la jornada laboral en las empresas.
Con ello, el Ejecutivo quiere combatir el fraude en el contrato a
tiempo parcial y el abuso de las empresas en la utilización de las
horas extraordinarias. Ver EXPANSIÓN de ayer.
Vocación electoral
Por todas estas razones, los empresarios aseguran que “no
tiene sentido que el Gobierno tenga la intención de aprobar una Real
Decreto-ley laboral con clara vocación electoralista antes de los
comicios [del 28 de abril]”. Con ello, los empresarios deslizan que
satisfaciendo los deseos de los sindicatos, el Gobierno está buscando el
voto de la izquierda.
Por esta razón, “CEOE y Cepyme creen que cambios legislativos
tan relevantes deben aprobarse mediante un Proyecto de Ley y no
mediante un Real Decreto-ley”. Para los empresarios, está última norma
“excluye la posibilidad de diálogo y de consenso deseable en cualquier
proceso democrático”. Y,por tanto, recorta el diálogo social.
Es más, ambas organizaciones creen que la estrategia del Ejecutivo se debe “a la imposibilidad de tener una mayoría amplia en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas”. Y, por todo ello, los empresarios sospechan que el Gobierno ha decidido “orillar el diálogo tripartito –Administración, empresarios y sindicatos– poco después de anunciar la convocatoria de elecciones”.