Los chivatos de Hacienda: exsocios, divorciados, familiares y despedidos

Lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria ha abierto inspección hasta octubre a 885 contribuyentes denunciados por otros ciudadanos, una cifra que ha crecido exponencialmente en los años de la crisis.

Divorciados, familiares, ex socios, despedidos, competidores e, incluso, hackers son los perfiles de quienes en los últimos años están protagonizando las delaciones ante Hacienda de prácticas fiscales fraudulentas o elusión del pago de impuestos.

Estos chivatos del Fisco no obtienen ningún tipo de beneficio, ni exención, ni perdón en caso de que también estuvieran implicados en dichas prácticas. Es muy posible por ello que les mueva el rigor del cumplimiento con Hacienda, pero no sería menos cierto que en cada historia exista algo de resentimiento hacia el denunciado dado el perfil de los delatores. Se trata de una práctica que ha crecido exponencialmente en España en los últimos años de la crisis, según los datos aportados por la Agencia Tributaria (AEAT), en donde el aluvión de denuncias ha permitido en lo que va de año abrir actas de inspección a 885 contribuyentes.

La denuncia pública la presenta un ciudadano y permite poner en conocimiento de la Administración hechos o situaciones que pueden ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos.

En 2014, 972 contribuyentes fueron inspeccionados tras haber sido denunciados, sensiblemente más que los 755 contribuyentes del año 2013 y casi un 40% más que los 697 de 2012. Las denuncias públicas recibidas cada año superan las 10.000 en los últimos ejercicios.

La AEAT analiza todas las denuncias. Pueden motivar una inspección, no sólo al recibirse, sino pasado el tiempo, en conjunción con otras informaciones. Por tanto, aunque una denuncia se archive (por falta de identificación suficiente, falta de relevancia o falta de prueba), se conserva para su posible utilización futura.

En ocasiones, es la reiteración con la que se reciben denuncias de una empresa lo que llama la atención de la Inspección y desencadena una comprobación. Muchas de las denuncias son derivadas a otros órganos competentes para el control, como la Seguridad Social o las autoridades antiblanqueo.

Muchas de las operaciones que lleva a cabo la AEAT contra la economía sumergida tienen origen directo o indirecto en denuncias recibidas. Fuentes de la Agencia destacan las denuncias que realizan expertos informáticos y que incluyen la forma en la que funciona el llamado software de doble uso.

La denuncia pública tributaria nace con la Ley General Tributaria de 1963. El inicio de actuaciones inspectoras no se produce como consecuencia de la presentación de la denuncia sino, en su caso, por la actuación investigadora de los órganos de la Inspección.

La Administración no puede proporcionar al denunciante información respecto de la posible investigación. No se considerará al denunciante interesado en la actuación administrativa que pudiera iniciarse ni legitimado para interponer recursos o reclamaciones. El denunciante no tendrá derecho a participación en las posibles sanciones tributarias, ya que ésta se suprimió en la reforma de la Ley General Tributaria de 1986. Antes percibía el 25% de las sanciones cobradas.

Estas denuncias no están relacionadas con las que nacieron en la Ley Antifraude de 2012 para alertar del uso de más de 2.500 euros en efectivo en operaciones en las que intervenga al menos un empresario o profesional, que sí que eximen al chivato. En 2014, la AEAT recibió cerca de 5.000 de este tipo.

Fuente: Expanción