Las pymes ‘congelan’ sus decisiones de inversión a la espera de un nuevo Ejecutivo

La parálisis política no sólo está postergando las grandes operaciones empresariales. Las pymes, que conforman el 98% del tejido productivo español, también “tienen muchas decisiones de inversión congeladas y pendientes de las medidas económicas del próximo Gobierno”, explicó ayer José Luis Ruiz Expósito, socio de Ernst & Young (EY), que presentó la primera edición del Termómetro del middle market en España.

El informe, basado en encuestas a 60 compañías con una facturación comprendida entre los 60 millones y los 500 millones de euros, revela no obstante que el 66% de los empresarios considera que la economía mejorará en 2016, aunque para ello los directivos piden al próximo Ejecutivo que asegure el crecimiento económico y la creación de empleo.

“En un mundo globalizado y competitivo, el dinero se irá legítimamente allá donde haya un marco regulatorio más estable y una seguridad jurídica favorable al empresario, y eso es mucho más importante que el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sea del 25% o del 40%”, advirtió Ruiz Expósito, quien siguiendo este ejemplo recordó que en EEUU el tipo de Sociedades es mayor que en España. “La diferencia es que allí la justicia es rápida y eficaz y el entorno social no es agresivo hacia el empresario, lo cual puede decantar la captación de inversiones”, señaló. Sin hacer referencia a ningún partido en concreto, el socio de EY subrayó que “si no se genera riqueza, no haya nada que distribuir. Vender únicamente que se va a subir el gasto público es un discurso falso que no funciona”.

Con todo, el ánimo general de los encuestados por EY es optimista de cara al año que empieza: el 85% prevé aumentar su cifra de negocio este año y el 92% de los que aumentarán sus ingresos confía en crear puestos de trabajo.

La principal queja de las compañías (así lo indica el 74%) es la falta de agilidad de las Administraciones Públicas, que en muchas ocasiones son percibidas más como una barrera a la actividad que como facilitadoras. El 61% denuncia el exceso regulatorio; el 56%, la inseguridad jurídica y el 24%, el excesivo intervencionismo.

Fuente: Expansión