Las empresas tendrán dos meses para crear un registro de horarios

BATERÍA DE MEDIDAS SOCIALES EN EL CONSEJO DE MINISTROS. El Gobierno amplía el subisidio especial de desempleo a los mayores de 52 años. El Ejecutivo bonificará las cotizaciones sociales de las empresas que contraten a los parados de larga duración.

Las empresas tendrán dos meses para poner en marcha el registro horario de la jornada laboral. El sistema debe apuntar las entradas y salidas de los trabajadores, con el fin de evitar que la empresa pueda abusar del tiempo de los empleados. Sobre todo, como demanda la Inspección de Trabajo, en el contrato a tiempo parcial y en las horas extraordinarias. 

La empresa debe respetar la jornada del contrato a parcial. El trabajador no puede estar más horas de las establecidas. En el caso de las horas extraordinarias, los trabajadores no pueden sobrepasar las 80 horas anuales establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. Si la empresa no cumple con el registro horario puede tener una sanción desde 600 hasta 6.250 euros por tener a trabajadores en esta situación. 

Así se recoge en el Real Decreto-Ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros que, además del registro de la jornada laboral, tiene otras muchas medidas, fundamentalmente, de carácter social. 

En todo caso, según explicó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el control de la jornada, tardará un tiempo en estar plenamente en vigor en cada sector y empresa. En primer lugar, porque este Gobierno, o el siguiente, debe elaborar un reglamento que tenga en cuenta las características de cada sector y actividad laboral. No es lo mismo poner un registro horario en una factoría o un centro comercial que en una agencia de seguros o un medio de comunicación. 

En consecuencia, el Gobierno ordena poner un sistema de medir la jornada laboral, pero, al final, debe ser cada sector y cada empresa el que lo defina en la negociación colectiva. Por esta razón, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, declaró ayer a la Cadena Serque “los empresarios están moderadamente satisfechos con la medida. [En la negociación con el Gobierno] hemos conseguido incorporar a la negociación colectiva para poder implementar la medida, porque es clave para la flexibilidad laboral”.

En todo caso, el Ejecutivo restaura una medida que suprimió el Gobierno del PP en 2012. Al tiempo que ponía en marcha la reforma laboral. 

El Real Decreto-Ley de medidas laborales y sociales que, en principio, entrará en vigor el próximo miércoles, incorpora otras propuestas importantes de carácter social, como las siguientes: 

Adelanto del subsidio especial de desempleo para mayores de 52 años. El Gobierno amplía esta prestación, adelantando la edad de los beneficiarios desde los 55 a los 52 años. Esto supone que se podrían incorporar 114.000 trabajadores más, que sumados a quienes ya tienen este subsidio, sumarían 380.000 personas. Además, si no encuentran trabajo, los beneficiarios podrán percibir el subsidio hasta que cumplan la edad legal de jubilación en cada momento. En estos momentos es de 65 años y ocho meses, con menos de 36 años y ocho meses cotizados. En este sentido, su cotización por jubilación será del 125% del Salario Mínimo Interprofesional. Por lo tanto, 1.200 euros. El coste anual de esta medida es de 48,7 millones de euros. 

Bonificaciones de cotizaciones sociales para la contratación de parados de larga duración de forma indefinida. Como adelantó ayer EXPANSIÓN, las subvenciones serán de 1.500 euros al año, si se trata de la contratación de mujeres, y de 1.300 euros, si se trata de hombres. Para percibir las ayudas, las empresas deben garantizar, al menos, tres años de contrato, y que la plantilla aumenta con el empleo del trabajador nuevo. El coste de la medida es de 25,68 millones de euros. 1,3 millones de personas llevan en el paro más de un año, y hasta más de dos. 

Ayudas contra la pobreza infantil. El incremento de la prestación por hijo a cargo pasa de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza, y a 588 euros, para las familias en pobreza severa. Este aumento de las ayudas beneficiará a unos 80.000 niños 

Rebaja de la cotización a los eventuales agrarios. Es una reducción de un 14,6 % de la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los periodos de inactividad, y la bonificación para la conversión de los contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos. El coste de esta medida ronda los 12,7 millones, y beneficiará 230.000 personas. 

Ayudas a la Contratación turística. Se trata de bonificar hasta un 50% las cotizaciones empresariales en los contratos de trabajadores fijos discontinuos en el sector turístico. El objetivo es mantener el empleo del sector en temporada baja, como en febrero, marzo o noviembre. 

Fondo de Integración de Inmigrantes. Es la restauración de unos recursos que suprimió el Gobierno del PP en 2012. Su dotación para este año es de 70 millones de euros, para repartir entre las comunidades autónomas. Su objetivo es facilitar la integración en España de extranjeros solicitantes de asilo y beneficiarios de la protección internacional.

Fuente: Expansión