La reforma de la plusvalía, retroactiva desde el 15 de junio de 2017

La reforma de la plusvalía municipal para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el impuesto cuando hay pérdidas se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, según el borrador de proposición de ley que maneja el Grupo Popular a partir de los trabajos del Ministerio de Hacienda y que empezará a negociarse en el Congreso a partir de febrero.

Así, Hacienda pretende que la nueva configuración del tributo se aplique desde el día en el que el BOE publicó la sentencia del TC que declaró inconstitucional y anuló parcialmente el impuesto para el territorio común, la tercera sentencia después de dos fallos que afectaron a las Haciendas forales.

De esta forma, los contribuyentes que desde el 15 de junio de 2017 hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, a pesar de ello hayan tributado por la plusvalía, deberían, una vez que entre en vigor esta proposición de ley prevista para el verano, recibir la devolución de dicho tributo. No es descartable que algunos grupos intenten en la negociación alargar la retroactividad de la reforma a los últimos cuatro años no prescritos.

Será el sujeto pasivo el que deberá declarar la transmisión no sujeta al impuesto, “así como adoptar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor”.

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, el texto indica que como valores reales de transmisión y adquisición del terreno se tomarán los “efectivamente satisfechos” que así consten en los títulos que documenten la transmisión, como es el caso de las escrituras, o bien, en su caso, los comprobados por la administración tributaria.

La reforma también modifica el cálculo del tributo cuando sí haya ganancia a partir de unos nuevos coeficientes según el número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, hasta un máximo de 20, que variarán desde el 0,09 cuando la venta sea inferior a un año hasta el 0,60 cuando sea igual o superior a 20 años, y serán actualizados anualmente. Los ayuntamientos tendrán tres meses para adaptarse.