La lucha contra el fraude laboral aflora 500.000 empleos irregulares

La lucha de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el fraude laboral, en los últimos cinco años, ha aflorado 491.120 empleos en situación irregular. Entre otras cosas, por la conversión en indefinidos de 332.552 contratos temporales, según informó ayer Fátima Báñez, ministra de Empleo y de Seguridad Social.

La lucha contra el fraude laboral investiga el empleo que no figura en la Seguridad Social ni en Hacienda, o la ocupación de trabajadores extranjeros en lo que se considera un atentando contra los derechos de los trabajadores. Con frecuencia, estas situaciones se producen en sectores intensivos en mano de obra, como en la hostelería, la construcción, la agricultura o la seguridad, entre otros.

Las actuaciones de la Administración laboral forman parte del plan de lucha contra el fraude en el empleo y en la protección social que puso en marcha el Gobierno, para, entre otras cosas, aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Desde 2011, el sistema de protección social cierra todos los años con déficit. Las previsiones para este año rondan, por segundo ejercicio consecutivo, los 18.000 millones de euros. Es una cantidad aproximada a los 20.242 millones de euros adicionales que ha ingresado la protección social desde 2012 por la lucha contra la economía sumergida.

La Inspección de Trabajo también considera fraude la cotización del empleado por debajo de su salario y categoría profesional o la falta de abono de las horas extraordinarias. Debido a las investigaciones, y en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en los últimos cinco años, la Inspección de Trabajo ha descubierto 6.700 empresas ficticias. Se trata de sociedades sin actividad real, cuyo objetivo fundamental es defraudar en las prestaciones del desempleo y de la Seguridad Social.

Los falsos empresarios cobran a trabajadores, habitualmente extranjeros, por proporcionarles falsos contratos y cartas de despido para que puedan acceder a la protección social. Incluso llegan a cotizar por ellos unos meses, aunque por cantidades inferiores a las que han cobrado a los trabajadores. El cruce de datos entre los Servicios Públicos de Empleo, la Seguridad Social y Hacienda acaba descubriendo toda la trama.