La incertidumbre política, principal amenaza para el 83% de las empresas

ENCUESTA A EMPRESARIOS. Dos de cada tres directivos españoles considera que la situación política vivida en 2018 ha perjudicado a su empresa. Como consecuencia, un 47% ha paralizado sus inversiones.

La inestabilidad que envuelve a la política ya cala sobre el tejido empresarial. El parón reformista prolongado desde 2016, como consecuencia de la fragmentación parlamentaria; el desafío independentista y la incertidumbre sobre cómo pueden afectar algunas de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno convierten el clima de negocios actual en arenas movedizas. Fuera de España, la guerra comercial, la desaceleración de la eurozona o el impacto del Brexit abonan estos temores. 

El 67% de los empresarios españoles, es decir, dos de cada tres, considera que la situación política vivida en 2018 ha perjudicado a su empresa, según se desprende del último informe Perspectivas España 2019, elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE. El estudio reúne las conclusiones de una encuesta realizada a más de 1.000 empresarios españoles sobre la situación actual y futura, así como los desafíos y amenazas. 

Este impacto negativo de la situación política española se debe, según el 93% de los directivos, a la incertidumbre generada. Y a mayor incertidumbre, mayor cautela. “La inversión empresarial sí que ha empezado a resentirse”, señala el informe. 

El no saber qué perfil tendrá el próximo Gobierno y qué medidas promoverá; sumado a algunas ya en vigor, como los sucesivos cambios de marco regulatorio en el caso de las viviendas en alquiler; o los cambios en el mercado laboral, por poner dos ejemplos, ha provocado que el 47% de los directivos paralice sus decisiones de inversión y un 22% congele las decisiones de contratación de personal. Esto, a su vez, puede lastrar la creación de empleo, que ya en febrero se vio castigada por un aumento de 3.279 personas paradas, el peor dato en un mes de febrero desde 2013. 

De cara a 2019, el 48% de los empresarios estima que la economía empeorará, un porcentaje bastante más elevado que el 11% registrado en la encuesta del año pasado. 

El 83% de los encuestados apunta a la incertidumbre política como la principal amenaza para la economía española este año. “Son demasiados los factores de incertidumbre y los riesgos geopolíticos que están todavía vivos e irán evolucionando a lo largo de 2019: tensiones comerciales, Brexit, ralentización en China y Europa, recesión en Italia, elecciones al Parlamento Europeo, en España…”, apunta Hilario Albarracín, presidente de KPMG España. 

Las dudas generadas por la nueva normativa en materia de automoción o sobre cómo evolucionará el turismo en España y en los países competidores (si recuperarán turistas prestados) hacen que automoción y turismo sean dos de los sectores más pesimistas. 

Los empresarios españoles son realistas y ya contemplan en sus agendas la desaceleración económica prevista a nivel mundial y en España. Después de la incertidumbre política, el debilitamiento de la economía de la Eurozona constituye la segunda amenaza más citada para 2019. No es de extrañar, después de conocer la recesión que asoma en Italia y el estancamiento de la economía y los principales indicadores de Alemania, la locomotora de Europa. Aunque hasta el momento España ha podido sortear este frenazo que experimentan muchos socios europeos (la OCDE rebajó en ocho décimas su previsión de crecimiento para la zona euro en 2019) España podría crecer en el primer trimestre de 2019 un 0,8%, por encima de su evolución en 2018. Pero, a la larga, esta tendencia podría contagiarse a la economía española. Al fin y al cabo, depende enormemente de los mercados europeos. Todo dependerá del rumbo de empresas y Gobierno. 

Para ayudar a las empresas, los directivos consideran que el Gobierno central debería considerar prioritarios en 2019 la simplificación administrativa (así lo creen el 46% de los encuestados), la educación (45%), el fomento de la innovación (43%), incentivar la creación de empleo (42%) y una reforma fiscal (36%). 

Fuente: Expansión