La autoridad fiscal denuncia falta de control en 14.000 millones de ayudas

Informe sobre las ayudas públicas. La AIRef reconoce que, en muchos casos, “es imposible seguir el recorrido de las subvenciones públicas desde la administración hasta el beneficiario”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) denunció ayer el derroche de 14.000 millones de euros, en 2017 y 2018, en subvenciones públicas del Gobierno central y de las comunidades autónomas en los capítulos más variados: desde la política de vivienda al gasto en medicamentos; las políticas activas de empleo o las becas universitarias. Es más, la Autoridad Fiscal reconoció que “es imposible saber cuánto dinero se gasta en España en subvenciones, dar una cifra cerrada” sobre las diferentes ayudas que dan todas las administraciones a los individuos, empresas u otro tipo de sociedades. 14.000 millones son 4.000 millones menos que el déficit de la Seguridad Social o el gasto en la protección del paro.

El desbarajuste en el seguimiento y control de las subvenciones es la conclusión más destacada del primer informe sobre la Evaluación del Gasto Público en 2018, que presentó ayer la Autoridad Fiscal. En las próximas semanas el organismo que preside José Luis Escrivá presentará otros informes sobre políticas más concretas, como las siguientes: gasto en medicamentos dispensados con receta médica; las políticas activas de empleo, las becas universitarias, las ayudas a la investigación, el apoyo al sector industrial o el servicio postal universal que presta Correos. En definitiva, se trata de analizar el destino y la eficiencia de un gasto que asciende a 33.000 millones de euros en el conjunto de estos capítulos.

En el primer informe, que analiza las políticas de subvenciones en general, la Autoridad Fiscal ha encontrado en las subvenciones graves problemas como los siguientes: en general, en el Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas “hay una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad en el camino de la subvención”. Dicho de otra forma. “Es imposible asegurar si existen duplicidades o solapamientos”, porque las administraciones “son incapaces de hacer el recorrido de la subvención” desde que se otorga hasta que llega al destinatario.

Es más, la Autoridad Fiscal ha detectado que “un mismo beneficiario puede recibir varias subvenciones de administraciones distintas”, sin que nadie ponga remedio.

Dinero a fondo perdido

Además, “las subvenciones se otorgan a fondo perdido, sin saber si se ha cumplido el compromiso del receptor”, porque no hay un control sobre el destino del dinero público. Tampoco existe capacidad de pedir el reintegro “porque caducan muchos de los procedimientos” antes de que pueda ponerse en marcha la máquina administrativa para reclamar la subvención percibida de forma irregular. “La ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad social y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la subvención y sanciones”.

De esos 14.000 millones de euros improductivos, 10.000 millones pertenecen a las comunidades autónomas. De hecho, sólo Baleares, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra tienen planes estratégicos. Pero, en general, la Autoridad Fiscal ha detectado que en el Gobierno central y en las comunidades autónomas “no hay vinculación entre las políticas públicas, los planes sectoriales, la programación presupuestaria y la planificación estratégica de las subvenciones”. Para provocar más ineficiencia del gasto de dinero público, “la normativa vigente es insuficiente y no está actualizada”. Además, “en algunas ocasiones las cargas administrativas son excesivas para gestores y beneficiarios”. Entre otras cosas, la Autoridad Fiscal recomienda al Gobierno y a las comunidades autónomas que “exijan mayor detalle en la justificación del importe y la actividad de los beneficiarios de estas subvenciones”. Además, el informe de la AIReF exige “una aplicación efectiva de un regimen sancionador disuasorio” para los potenciales defraudadores.

Fuente: Expansión