Hacienda y Seguridad Social ayudarán a salvar empresas en concurso

Consejo de ministros/ El Gobierno aprobará hoy un Real Decreto-ley que extiende las medidas de ayuda a las refinanciaciones al concurso y elimina los privilegios de los acreedores públicos

Los convenios de los concursos también obligarán a los acreedores de derecho público, con lo que acaba el privilegio histórico y excepcional entre los países de nuestro entorno de que disfrutaban hasta ahora. El Ministerio de Economía, ayudado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha conseguido que Hacienda y Seguridad Social se avengan a salvar a empresas en concurso, como pedían el FMI y Bruselas, según trasladan fuentes conocedoras del proceso. Así lo establecerá la reforma concursal que aprobará hoy el Consejo de Ministros, que extiende las medidas de apoyo a las refinanciaciones que se aprobaron en marzo al concurso, por lo que se amplían quitas y esperas, se permite cambiar deuda por capital y se reducen las mayorías necesarias.

Entre las principales llamadas de atención del FMI sobre el marco concursal español, que cree insuficiente, destaca el a su juicio injustificado privilegio de los acreedores públicos y privilegiados, que a diferencia del resto, no están obligados a cumplir los acuerdos que ayudan a las empresas, en especial, a las pymes, muy afectadas por el endeudamiento y las más dependientes del crédito público.

Tras arduas negociaciones, Economía ha conseguido que el Decreto obligue al crédito público a entrar en una refinanciación, permitiendo que voten como clases diferenciadas, con posibilidad de veto sólo en lo que respecta a su parte del acuerdo, una medida determinante para salvar a las pymes.

Los acreedores públicos son eminentemente Hacienda y la Seguridad Social, aunque también pueden serlo las comunidades autónomas en el caso de contratos o impuestos, o los ayuntamientos, si reclaman el IBI u otras tasas. Estos organismos cobran los primeros y no están vinculados por las quitas, esperas y condiciones que establecen los acuerdos de refinanciación o los convenios a los demás acreedores para que las empresas puedan reflotarse.

Los acreedores privilegiados son los que tienen hipotecas o cuentas bancarias. El FMI señaló en un informe de mayo que “los planes de reestructuración son muy restrictivos y no obligan a los acreedores privilegiados y, sobre todo, a los públicos, es decir, a Hacienda y a la Seguridad Social”. En este último punto, el organismo destaca que “la mayoría de la deuda de las pymes es con acreedores privilegiados y públicos y su falta de habilidad para liderar los procesos y las votaciones lleva a que las refinanciaciones sean muy ineficaces para las pymes”. Estos procesos suelen acabar en liquidación automática, remacha.

Además, el decreto que se aprueba hoy establece que serán válidos los convenios que cuenten con el aval del 51% de los acreedores. Asimismo, será sólo necesario un aval del 60% de los acreedores ordinarios y del 65% de los reales para esperas de menos de cinco años, y del 75% de los ordinarios y del 80% de los reales para esperas de entre cinco y 10 años, quitas sin límites, capitalizaciones y cesiones de bienes en pago.

El decreto de marzo destina al deudor que vete un acuerdo de conversión de deuda en capital durísimas sanciones si hay concurso, ya que éste se calificará de culpable y deberá responder con su patrimonio. El nuevo decreto prevé que el deudor que vete un acuerdo de conversión de deuda en capital en un concurso sea sancionado e incurra en responsabilidad si el proceso acaba en liquidación, siempre que no tenga ya capital. Además, la norma permite que las empresas en fase de concurso y convenio se acojan a las nuevas medidas.

Fuente: Mercedes Serraller. Expansión.