El Gobierno plantea ajustar las nuevas pensiones de viudedad al nivel de renta.

INCAPACIDAD LABORAL. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aboga por revisar las prestaciones por incapacidad permanente y plantea la creación de una pensión de incapacidad parcial.

La viabilidad futura del sistema público de pensiones sigue siendo la gran asignatura pendiente en España, en un escenario de imparable envejecimiento de la población y de constante ensanchamiento de la brecha entre ingresos y gastos, que ha disparado los números rojos de la Seguridad Social hasta cifras astronómicas. 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ofreció ayer algunas recetas para intentar corregir “el serio problema de ingresos” que padece el sistema. Junto a la potenciación de la previsión social complementaria, es decir, los planes privados, Granado abogó por vincular las nuevas pensiones de viudedad a los niveles de renta de los beneficiarios. 

Durante su intervención en la jornada El futuro de las pensiones, un reto latente para la empresa, organizada por la APD, el secretario de Estado de la Seguridad Social afirmó que en algunos casos las personas viudas perciben un salario muy superior al del conyuge fallecido, por lo que, a su juicio, “no parece razonable que se siga incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la familia”. 

Granado denunció que “cuando un hombre (con un salario superior al de su mujer fallecida) cobra una pensión de viudedad mejora su nivel de renta, mientras que cuando la cobra una mujer (con menos salario) lo empeora en términos de renta familiar”: En este sentido, abogó por mejorar las pensiones de aquellas mujeres que han perdido estatus y calidad de vida al fallecer su conyuge. 

El actual responsable de la Seguridad Social quiso dejar claro que ese ajuste habría que acometerlo “despacio” y solo se aplicaría a las nuevas pensiones de viudedad, ya que respecto a las actuales, que rondan los 2,4 millones, aseguró que el Gobierno “lo único que va a hacer es mejorarlas”. 

Incapacidad parcial 

Octavio Granado se mostró también partidario de abordar una revisión de la “filosofía” de las prestaciones por incapacidad laboral permanente, de modo que se pueda plantear, por ejemplo, “una incapacidad parcial respecto al tiempo de jornada”, en alusión a aquellas personas que quizá no estén capacitadas para trabajar ocho horas, “pero sí cuatro”. Para ello, cree necesaria una mayor “complicidad” entre la Seguridad Social y el sistema sanitario con el fin de reducir el gasto que representan las pensiones por incapacidad permanente, que en la actualidad rondan el millón. 

El secretario de Estado defendió también la necesidad de una redefinición de la ley de fondos y planes de pensiones para impulsar el sistema de previsión social complementaria, vía que, a su juicio, debe ganar peso frente a la anticipación de la edad de jubilación, ya que “el sistema no va atener recursos suficientes para financiar jubilaciones anticipadas”. Y ha advertido de que quienes se jubilen con anticipación tendrán que cotizar más. 

Granado, que pidió no tener miedo a hacer reformas en la Seguridad Social, defendió el papel de la inmigración en la financiación y sostenimiento del sistema público español, cuya pirámide de población hace que los cotizantes extranjeros sean necesarios: “Debemos discutir qué inmigrantes, cómo e incluso de dónde, pero no podemos partir de la base de que hay demasiado inmigrantes”, señaló. 

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, propuso fijar una base legal que empuje a abrir la puerta a la negociación colectiva de los planes de pensiones complementarios. Durante su intervención en la jornada organizada por la APD, De Frutos, que rechazó que el sistema privado afecte a la suficiencia y estabilidad del sistema público, aseguró que los grandes males que aquejan al sistema son el impacto demográfico, el nivel de productividad del país, que es “muy bajo”, o la gran “volatilidad” del mercado de trabajo. Por su parte, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, enfatizó en el desafío que supone para el sistema la creciente longevidad, teniendo en cuenta que en una década la esperanza de vida aumenta hasta 1,6 años.

Fuente: Expansión