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La subida del 0,25% de las pensiones supone un coste adicional de 300 millones/ El Índice de Revalorización, que mide la salud de la Seguridad Social, contradice la propuesta de PSOE, Podemos, PNV y PDeCAT de subir las prestaciones un 1,2%.
Las pensiones deberían haber bajado este año un 2,96%, si el Gobierno se hubiese atenido estrictamente al estado de la Seguridad Social, como se desprende de la fórmula contenida en el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que entró en vigor en 2014. Sin embargo, en lugar de bajar esa cuantía, las pensiones han subido este año un 0,25%, porque así lo ordena la ley que regula el índice. La norma establece que éste debe ser el incremento mínimo de las prestaciones, aun cuando la formula del IRP indique que las pensiones deban bajar en la cuantía que sea.
En euros, la primera consecuencia es que los gastos de la Seguridad Social han aumentado este año de forma adicional en 288 millones de euros, que es el coste de la revalorización. Incluso, la cantidad ascendería a 3.700 millones de euros si se valora la cuantía en la que la Seguridad Social debería recortar las pensiones por el descenso del 2,96% que tendría que haberse impuesto. Sin embargo, esta posibilidad no está recogida en la ley.
Por lo tanto, para una pensión de 1.000 euros al mes, el aumento aplicado este año es de 2,5 euros. Por el contrario, si no existiese la norma que obliga a subir las pensiones al menos un 0,25%, éstas habrían bajado 29,6 euros. Lo importante para el gasto de la Seguridad Social es que la diferencia entre una y otra decisión del Ejecutivo –que cuesta 32,1 euros por persona–, “lo asume el sistema de pensiones con la disminución del Fondo de Reserva, y en 2017, y por primera vez, con la emisión de deuda”, según explica el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. También recoge lo que dice al respecto el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social que acompaña a los Presupuestos de este año.
Hay que recordar que el Gobierno emitirá este año deuda para pagar las pensiones por valor de 10.192 millones de euros. Además, tiene previsto detraer 7.000 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. Es decir, prácticamente, la mitad de la cantidad que tiene ahora.
En todo caso, es importante reseñar que, por primera vez, en 2017 el Gobierno ha publicado la información que reúne el Índice de Revalorización para fijar las pensiones en un año. Y que, de acuerdo con ello, la norma que regula el IRP puede obligar a la Seguridad Social, como es el caso de este año, a aumentar como mínimo en un 0,25% el gasto de revalorización de las pensiones, en contra de todos los indicadores que miden la salud financiera del sistema de protección social.
Evolución de los ingresos
El indicador se mide con la evolución de los ingresos y gastos, en un periodo de once años. Es decir, los cinco ejercicios anteriores al año en el que se toma la decisión en los presupuestos. Y las previsiones para los cinco años posteriores. Junto a ello, el Índice de Revalorización también tiene en cuenta once años de la evolución del denominado efecto sustitución. Es decir, cuánto representa la primera pensión respecto al último salario.
Por lo tanto, el IRP es una forma de comprobar el estado de la economía, porque tiene en cuenta los ingresos y gastos producidos por el empleo y el número de pensiones. En palabras de Tomás Burgos, es “un termómetro del desequilibrio entre los ingresos y los gastos, nos señala con toda claridad dónde está el problema, cuál es su cuantía y cómo tenemos que afrontarlo si queremos mantener el mínimo exigible de revalorización [del 0,25%]”.
Lo cierto es que, en momentos de bonanza económica y con superávit en la Seguridad Social, el sistema permite al Gobierno subir las pensiones igual que el Índice de Precios de Consumo, más medio punto adicional.
Sin embargo, desde que empezó a aplicarse efectivamente en 2014, eso no ha sido posible debido a la destrucción de 3,5 millones de empleos. Por esta razón, también, el déficit del sistema de protección social alcanzará este año los 16.400 millones de euros, lo que supone el 1,4% del PIB. En 2016, el desequilibrio ascendió a 18.600 millones de euros, el 1,65% del PIB. Por todos estos motivos también, en los últimos seis años –desde 2011–, el Fondo de Reserva para pagar las pensiones ha pasado de tener 66.815 millones a 15.020 millones de euros.
Sin embargo, a pesar de todos estos problemas del sistema, es importante señalar que la publicación del Índice de Revalorización de las Pensiones coincide con el debate que ha suscitado en el Parlamento la izquierda y los grupos parlamentarios del PNV y el PDeCAT, la antigua Convergència. Si la propia Seguridad Social y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aconsejan bajar las pensiones un 2,96%, la oposición presentó una proposición de ley para subir las pensiones este año un 1,2%. La iniciativa fue vetada por el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, porque supondría un gasto adicional para la Seguridad Social de 1.200 millones de euros este año, y la consolidación de esta cifra para siempre en el sistema de protección social. Es decir, todo lo contrario de lo que pretende el nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones.
Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, la nómina mensual de las pensiones contributivas en mayo asciende ya a 8.722 millones de euros. Con la lenta plasmación de las reformas aprobadas en 2011 y 2013, su crecimiento anual no baja del 3%.
No obstante, el grupo parlamentario del PSOE esgrime que, en la Unión Europea, sólo España y Lituania han desvinculado la evolución de las pensiones de los precios. Y, en segundo lugar, que es perfectamente posible pagar este año a los pensionistas 1.200 millones de euros adicionales, si, entre otras cosas, se hace una distribución más selectiva de las subvenciones al empleo. El coste de estas ayudas es de 3.400 millones de euros.
Por el contrario, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, sostiene que sólo Austria, Francia, Italia y Hungría vinculan sus pensiones con el IPC. Además, “no han cumplido con ese modelo cuando han aparecido problemas de actividad económica”.
Burgos recuerda que, entre 2014 y 2016, y aun con el IRP, los pensionistas ganaron 1.900 millones de poder adquisitivo por el descenso de los precios. La inflación media llegó a caer un 0,5% en 2015. El año pasado descendió un 0,2%. Además, Burgos añade que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que congelar las pensiones en 2010 cuando la UE le obligó a tomar medidas para reducir el déficit público.
Fuente: Expansión