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Consejo de ministros. Los trabajadores enfermos o en aislamiento cobrarán la prestación desde el primer día, por una cuantía mayor y con cargo a la Administración. Se ultima una moratoria de tres meses en el pago de cotizaciones sociales.
El Estado asumirá el coste de las bajas laborales de los enfermos de
coronavirus y los trabajadores en cuarentena. Así lo establece un Real
Decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que sólo incluye
esta medida laboral, a la espera de las que apruebe mañana otro cónclave
ministerial extraordinario que se ha convocado y que se celebrará a
continuación de una cumbre de Pedro Sánchez con los agentes sociales,
con los que quiere consensuar medidas, entre las que se ultima una
moratoria de tres meses en el pago de cotizaciones sociales para las
empresas. El Gobierno no quiso ayer explicitar más iniciativas, y
Sánchez sólo apuntó horas más tarde que se perfilan un aligeramiento de
cargas fiscales para las empresas y líneas de crédito a pymes, e
insistió en que “lo primero” son las medidas de protección sanitaria de
las familias.
De esta forma, los trabajadores contagiados por el
coronavirus o en aislamiento preventivo tendrán bajas por enfermedad
profesional, no por enfermedad común, lo que permite cobrar la
prestación desde el primer día, por un mayor porcentaje del salario y
con cargo a la Administración. Asimilar los casos de coronavirus, y las
cuarentenas, a una incapacidad temporal por accidente de trabajo eleva
la prestación, que equivale al 75% de la base reguladora y se cobra
desde el día siguiente al de la baja laboral y con cargo a la
Administración. Hace dos semanas, la Seguridad Social emitió un criterio
para que los trabajadores que estuvieran en aislamiento preventivo
hasta ver si tienen el coronavirus se les considerara en ese tiempo de
baja por enfermedad común.
La baja por enfermedad común prevé unas prestación del 60% de
la base reguladora, que se cobra a partir del cuarto día y hasta el
vigésimo inclusive y el 75% desde el día 21 en adelante a no ser que el
convenio al que se acoja el trabajador mejore esta cobertura. Entre el
cuarto y el decimoquinto de baja, ambos incluidos, el abono de la
prestación por esta incapacidad temporal corresponde al empresario, para
pasar después a pagarse desde la Seguridad Social o mutua. “El cambio
supone un alivio para los costes de las empresas y también una mejora de
las condiciones de la baja para los trabajadores afectados”, destacó
ayer Seguridad Social.
Además, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy una moratoria
de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a tres
mensualidades consecutivas para empresas y trabajadores por cuenta
propia en determinadas zonas geográficas. De hecho Seguridad Social
mandó ayer una nota dando por aprobada esta medida, que poco más tarde
rectificó. Esto supondrá que dichas cotizaciones podrán ser abonadas en
el plazo de un año a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses
de ningún tipo. El Gobierno no concretó ayer si algunas de estas medidas
tendrán efecto retroactivo, ante la pregunta recurrente de cuándo se
validarán iniciativas para facilitar la conciliación y el teletrabajo,
una vez que hoy empieza el cierre de centros educativos de la Comunidad
de Madrid, medida que ya se decretó en partes de Álava y que también ha
implementado La Rioja. El Ejecutivo calculaba ayer el margen
presupuestario que obtendrá de Bruselas.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció ayer una
batería de medidas que atribuyó al “cambio” de escenario del coronavirus
en España, que sumaba al cierre de esta edición 1.639 casos positivos y
36 fallecidos, y que llevaron ayer al Gobierno a vetar los vuelos desde
Italia desde las 00.00 horas de hoy y hasta el 25 de marzo, los viajes
del Imserso durante un mes y los actos en espacios cerrados de más de
1.000 personas en zonas de riesgo y celebrar todos los eventos
deportivos a puerta cerrada.
Medidas cuya efectividad “vamos a tardar en ver” pero que
“están encaminadas a no ir al escenario de Italia”, que ha extendido el
inicial aislamiento de las regiones del norte del país a todo el
territorio, según destacó el titular del Ministerio de Sanidad.
La patronal hotelera Hosbec reclamó al Gobierno la adopción de medidas laborales, económicas y fiscales para paliar las consecuencias de la suspensión de todos los viajes del programa de turismo para mayores del Imserso. El Ejecutivo admitió el daño que esta “crisis de salud pública” puede ocasionar al turismo, que de momento sigue de cerca, sin anticipar medidas.
Fuente: Expansión