El Congreso pide ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral

Informe de la Comisión del Pacto de Toledo. Los partidos también plantean que haya trabajadores que puedan escoger sus mejores años de cotización para mejorar su pensión del futuro.

El Congreso de los Diputados recomendará al nuevo Gobierno que estudie “la posibilidad de ampliar a la totalidad de la vida laboral” el periodo de cotización obligatorio que la Seguridad Social tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. Con ello, el PSOE empieza a a admitir una reforma a la que hasta ahora se había negado en redondo. Incluso, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Socia, Magdalena Valerio, la rechaza, mientras que su secretario de Estado, Octavio Granado, la defiende.

Sin embargo, las cosas han cambiado desde la recesión económica, y puede haber muchos trabajadores que salgan beneficiados con esta medida, tras haber terminado en el paro su carrera laboral y, por lo tanto, con pérdida de cotización para la futura pensión. Por esta razón, el Congreso recomienda que, dentro de su carrera laboral, el pensionista “pueda escoger aquellos años de su cotización que le sean más favorables”, y desechar los peores. Es decir, que para calcular la pensión solicite a la Seguridad Social que los años en los que el salario y la cotización fueron más altos.

El periodo de cotización exigido para calcular la pensión será de veinticinco años en 2022, tras aumentar de forma paulatina desde los 15 años en los que estaba en 2013.

En esta misma reforma, el Congreso plantea proporcionar a las mujeres menos favorecidas “con periodos ficticios” de cotización a la Seguridad Social, con el fin de ir reduciendo la diferencia que hay con las pensiones que reciben los hombres. La mayoría de las mujeres ha trabajado menos tiempo y empleos peor pagados que los hombres, con la consiguiente merma de la cotización. Así se recoge en el último borrador en el que trabaja la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, y que estudia la reforma del sistema de pensiones.

Los partidos políticos están de acuerdo en que la revalorización anual de las pensiones debe hacerse con el Índice de Precios de Consumo (IPC) “para conservar el poder adquisitivo” de los jubilados. El Gobierno ha decidido subir las prestaciones este año un 1,6%, que debe ser ratificado con la siguiente fórmula: la media mensual del IPC interanual de los últimos doce meses, partiendo del último mes de diciembre. Si con esta fórmula, a final de año, la inflación real supera a la previsión del 1,6%, entonces el Ejecutivo compensará a los pensionistas por la desviación.

No obstante, el nuevo Gobierno negociará la fórmula definitiva con los empresarios y los sindicatos, a partir de 2020. El Congreso defiende la actual Seguridad Social y, de hecho, dice que son “líneas rojas”, que no traspasará ningún partido el modelo público, de reparto y solidario.

Sin embargo, los partidos llaman “a impulsar, de forma preferente, los sistemas de empleo, sustentados en la negociación colectiva”. Se trata de planes de empleo colectivos de las empresas para sus trabajadores, financiados con las cotizaciones o una parte complementaria del salario.

No obstante, el Congreso pide que la gestión de estos planes “sea más transparente de lo que ha sido hasta ahora”. De forma que los costes de las gestoras de los planes de pensiones “no comporten rendimientos negativos para los ahorradores”. Por lo tanto, la Comisión del Pacto de Toledo pide al Gobierno que “regule fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos en planes y fondos de pensiones”. Los partidos plantean que las cotizaciones sociales dejen de financiar, entre otras prestaciones, las pensiones de viudedad, el subsidio de desempleo –no la prestación contributiva–; la cobertura de la maternidad y las políticas de empleo. El Congreso plantea que si Hacienda asume estos gastos, en 2025, la Seguridad Social tendrá equilibrio y dejará de recibir préstamos.

Fuente: Expansión