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Informe de la comisión europea. El Ejecutivo comunitario alerta del riesgo de vincular la subida de las pensiones sólo con el IPC y reclama al Gobierno que no derogue la reforma laboral sin analizar su impacto.
España se sometió ayer al escrutinio de la Comisión Europea junto al
resto de sus socios comunitarios y el resultado del examen fue que
nuestro país sigue sin corregir importantes desequilibrios pese a haber
gozado “de seis años de fuerte crecimiento económico”. En el marco del
denominado Paquete de Invierno del semestre europeo, presentado ayer y
en el que analiza el grado de cumplimiento de sus recomendaciones entre
los Estados miembros, Bruselas admitió que durante ese periodo el empleo
en España creció un 14% y la tasa de paro se redujo desde el 23,1% al
13,9%. A pesar de ello, el Ejecutivo comunitario advirtió de que
“demasiadas personas siguen sin trabajo o luchando para ganarse la vida
dignamente”.
Bruselas reprocha a España no haber aprovechado los tiempos
de vacas gordas para recortar con más decisión el déficit que, según
la Comisión, “sigue siendo tercamente alto”, así como el lento
adelgazamiento de la abultada deuda pública, que en 2021 apenas bajará
al 96% del PIB frente al 96,7% actual y por efecto esencialmente del
crecimiento nominal de la economía. Estos mensajes colisionan con las
aspiraciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que lo que pide a Bruselas
es justo lo contrario: una relajación de la senda de consolidación
presupuestaria.
Frente a esta reivindicación, la Comisión enfatizó ayer que
los riesgos para la sostenibilidad fiscal en España “siguen siendo
significativos a medio y largo plazo”, y aún más después de haber vuelto
a vincular la revalorización de las pensiones con el IPC, soslayando
aspectos como la marcha de la economía o el envejecimiento de la
población. Bruselas advierte de la necesidad de adoptar “medidas
compensatorias adecuadas” para contrarrestar esta reindexación,
que disparará el gasto en pensiones a medio y largo plazo,
comprometiendo la viabilidad del sistema y empeorando la equidad
intergeneracional. La reforma de las pensiones del Gobierno de Rajoy,
con la introducción del índice de revalorización y el factor de
sostenibilidad, fue una de las medidas estructurales más aplaudidas por
los principales organismos internacionales. Aunque insuficiente, se
consideraba un paso en la buena dirección. Y otro tanto sucede con la
reforma laboral, que mitigó los efectos de la crisis durante los años
más duros y que, según Bruselas, respaldó “la creación de empleo durante
la recuperación”.
Ante la pretensión del Gobierno de PSOE y Podemos de derogar
dicha reforma o, al menos, sus “aspectos más lesivos”, el Ejecutivo
comunitario advirtió ayer de la necesidad de que “cualquier medida nueva
sólo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto
potencial”, al tiempo que instó al Ejecutivo de coalición a preservar
“los logros de las reformas pasadas”. Y es que pese a la reducción de la
tasa de paro, el mercado de trabajo, y en concreto su elevada dualidad,
sigue siendo uno de los grandes talones de Aquiles de la economía
española.
En España, “la proporción de empleados con un contrato
temporal es la más alta de la UE, con alrededor de un 26%”, lo que
ahonda en la baja productividad, un mal endémico de la economía
doméstica, y “nutre la desigualdad y la pobreza en el trabajo”, afirma
la Comisión. Todo ello en un contexto en el que las alzas del SMI han
disparado los costes laborales y cuyo impacto sobre “el empleo y la
pobreza en el trabajo aún no se ha cuantificado”.
Subidas de impuestos
En donde sí sintoniza Bruselas con el actual Gobierno es en
el ámbito de la fiscalidad, al considerar que el nivel impositivo en
España “es bajo en relación con el gasto”. La Comisión defiende desde
hace tiempo que España tiene margen para elevar su presión fiscal, que
en 2018 (últimos datos disponibles) se situaba en el 34,7% del PIB
frente al 40,6% de la zona euro. En concreto, Bruselas reclama subidas
del IVA por la vía de la supresión de tasas reducidas y superreducidas,
cuyo “uso extensivo” merma la recaudación para las arcas públicas; de
los impuestos recurrentes sobre la propiedad (esto es, el IBI) y de los
tributos medioambientales, que en 2018 representaron alrededor del 1,8%
del PIB español frente al promedio del 2,4% de la UE, poniendo el acento
en los impuestos especiales sobre el gasóleo y la gasolina que, a
juicio de la Comisión, “son relativamente bajos en España”. Bruselas
considera que estas subidas impositivas pueden abordarse con “un impacto
relativamente limitado en el crecimiento económico”.
En el rosario de desequilibrios que España aún debe corregir, figuran las deficitarias interconexiones energéticas y del transporte de mercancías por ferrocarril, que impiden que el país “se beneficie completamente del mercado único de la UE”; la brecha digital que aún existe en el ámbito rural respecto a los núcleos urbanos; la despoblación del campo, o la falta de cohesión territorial, con importantes disparidades entre regiones en materias como el empleo, los resultados educativos, la tasas de abandono escolar temprano o la pobreza y desigualdad. Sin olvidar los bajos niveles de innovación que aún presentan “muchas empresas y regiones”, la fragmentación regulatoria, o las barreras del mercado ante el lento avance en la implementación de la Ley de Unidad de Mercado.
Fuente: Expasión