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La Comisión Europea lanzó ayer una advertencia a los Gobiernos de los países miembros para que continúen reformando los sistemas públicos de pensiones para garantizar la viabilidad de los mismos. Las recomendaciones, sin dirigirse explícitamente a algún país, piden cambios que pueden afectar perfectamente a España.
En su Informe sobre la adecuación de las pensiones en 2015 , la Comisión advierte de que “en el futuro será cada vez más importante realizar una carrera profesional completa de 40 a 45 años de cotización para recibir una pensión digna”. Ésta es una de las reformas pendientes en España. La última modificación del periodo de cotización obligatoria para calcular la pensión lo amplía de 15 a 25 años. El plazo transitorio terminará en 2022.
El objetivo de esta reforma es ralentizar la subida de la pensión, ampliando el cálculo de la prestación al salario de los primeros años de la vida laboral.
Precisamente, la necesidad de asegurar la vejez, lleva a la Comisión a señalar que “en algunos Estados miembros, el mantenimiento de los ingresos futuros tras la jubilación dependerá cada vez más de seguros privados, a través de regímenes de pensión personales o profesionales. En este último caso, se trata de los llamados planes de empleo que las grandes compañías suelen hacer a sus plantillas”. En España no existe la obligación de que el trabajador tenga que dedicar una parte de su salario a un plan complementario. Entre otras cosas, porque lo impide la Constitución.
No obstante, en su informe, Bruselas se contradice en este punto y también advierte de que la seguridad del pensionista en el futuro no puede depender sólo de que estos complementos privados. Máxime cuando se aplican medidas que únicamente conducen a la reducción de la pensión.
La Comisión sostiene que “podrían dificultar una protección efectiva contra la pobreza y la garantía para asegurarse la seguridad de los ingresos durante la vejez, aquellas reformas con las que se pretende garantizar la sostenibilidad financiera únicamente mediante la reducción de prestaciones”. Aquellas que “aplican una indiciación menor a las pensiones que se están pagando y haciendo, de forma indebida, que sean los particulares quienes asuman los riesgos económicos de los planes de pensiones”.
Factor de Sostenibilidad
Precisamente, las dos últimas medidas que ha promovido el Gobierno en esta legislatura consisten reducen considerablemente el crecimiento del gasto en pensiones al moderar notablemente la cuantía de las mismas. La primera, que ya está en vigor, es desvincular la subida de las pensiones de la inflación. Las prestaciones subirán como mínimo un 0,25%, como está ocurriendo durante la crisis, y como máximo, el IPC más 0,50%, si lo permite la situación económica y la situación financiera de la Seguridad Social.
La segunda medida que moderará notablemente la cuantía de la pensión, cuando entre en vigor en 2019, es la conocida propiamente como el Factor de Sostenibilidad. Se trata de ajustar el presupuesto de las pensiones a la esperanza de vida de los beneficiarios. O dicho de otra manera, calcular la prestación inicial de una generación de jubilados teniendo en cuenta el tiempo de vida que pueden tener tras dejar el mercado de trabajo. No obstante, en una recomendación que también puede aplicarse a España, la Comisión Europea pide a los Gobiernos que tomen medidas con las pensiones públicas “u otros sistemas de protección social” para proteger a aquellos que por razones ajenas a su voluntad no han podido “acumular derechos suficientes de pensiones”. Razones involuntarias pueden ser el despido, por desempleo, enfermedad o “el cuidado de personas dependientes”.
Fuente: Expanción