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La Agencia Tributaria (AEAT) colgó ayer por la tarde en su web una explicación sobre cómo van a ser las exenciones para autónomos al veto a los aplazamientos que impone el Real Decreto-ley de 3 de diciembre y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Hasta ahora, se había trasladado que se preparaban excepciones, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó el pasado jueves. El plazo de liquidación del IVA de 2016 vence el próximo 30 de enero.
En el apartado “Le interesa conocer” de la web de la AEAT se explica que los autónomos podrán aplazar sin garantías deudas de IVA e IRPF de menos de 30.000 euros durante un máximo de 12 meses y aunque hayan cobrado el IVA. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual. Se tramitarán mediante un mecanismo automatizado de resolución, como hasta ahora.
A partir de 30.000 euros, los autónomos podrán aplazar el IVA (sólo si demuestran que no lo han cobrado), hasta 36 meses.
En el caso de las pymes, según ha podido conocer este diario, ya que no lo detalla la información de la web de la AEAT, podrán aplazar deudas de IVA de menos de 30.000 euros sin garantías, durante 6 meses.
Asimismo, las pymes podrán aplazar el Impuesto sobre Sociedades, pero sólo el impuesto, no los pagos fraccionados, durante 6 meses.
Las retenciones de los empleados en el IRPF siguen siendo inaplazables para las empresas, así como los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
La exención a autónomos y pymes supone un criterio distinto al que establece el Real Decreto-ley de 3 de diciembre, que ha aprobado el Congreso con el único apoyo del PP y el PSOE. El Gobierno se negó a que se tramitara como proyecto de ley como pedía el resto de grupos para poner introducir enmiendas, encaminadas a suavizar el golpe a los autónomos que suponía el veto a los aplazamientos.
Fuentes conocedoras del proceso trasladan que la Agencia Tributaria va a informar a sus funcionarios de este criterio mediante una instrucción interna y que se considera que esta línea respeta el Real Decreto-ley porque se establece la presunción inicial de que las solicitudes de aplazamiento se refieren a IVA que no se ha cobrado.
Con esta medida, el Gobierno esperaba recaudar 1.500 millones de euros este año, según consta en la actualización del proyecto presupuestario remitido en diciembre a Bruselas.
Precisamente, el jueves Montoro indicó en el Congreso, ante las insistentes preguntas de la oposición, la intención del Gobierno de evitar que el endurecimiento de los aplazamientos de pago de deudas tributarias aprobado en diciembre perjudicara a pymes y autónomos, de forma que estos pudieran seguir aplazando el pago del IVA.