La autoridad fiscal contradice al Gobierno. La AIReF recomienda ampliar a toda la vida laboral la cotización exigida para calcular la pensión y que todo el mundo se jubile realmente a los 67 años.

utoridad Fiscal (AIReF) contestó ayer la decisión del Gobierno, y de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, de restaurar la vinculación de la subida de las pensiones con el Índice de Precios de Consumo. El organismo sostiene que, sólo con esta decisión, y sin ninguna otra reforma que contrarreste el aumento del gasto, la Seguridad Social tendrá un déficit estructural, durante la próxima década, equivalente a una horquilla comprendida entre el 1,3% y el 1,5% del PIB.

Teniendo en cuenta que, según las previsiones de los últimos presupuestos, la producción total de riqueza en España equivale a 1,2 billones de euros, la Autoridad Fiscal aventura que la Seguridad Social tendrá, durante los próximos años, un déficit crónico de 18.000 millones de euros, sólo por subir las pensiones con el IPC.

Precisamente, la AIReF hace este pronóstico en un informe sobre La sostenibilidad de la Seguridad Social, que ha presentado al Gobierno y a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. La opinión de la Autoridad Fiscal es relevante porque, a finales del año pasado, el Ejecutivo aprobó en un Real Decreto, entre otras medidas, la restauración de la subida de las pensiones con el IPC y, en consecuencia, la derogación de la fórmula que funcionó desde 2014 a 2018: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que, en mitad de la recesión económica, hizo que las rentas sólo subiesen un 0,25%.

La razón es que la fórmula desvinculó las pensiones del IPC y tenía en cuenta otros factores para calcular la mejora de las prestaciones como la salud financiera de la Seguridad Social. Se trataba, en ese momento, de ponderar una economía en depresión con una fuerte destrucción de empleo. Por todas estas razones, las pensiones sólo subieron un 0,25% anual, entre 2014 y 2018, inicialmente, lo que causó una fuerte contestación social de los pensionistas en las calles de España.

Precisamente, el rechazo que provocó el IRP en el actual Gobierno, del PSOE y en todas las fuerzas parlamentarias, salvo el PP, llevan a la Autoridad Fiscal a la siguiente conclusión: “El Índice de Revalorización de las Pensiones está políticamente muerto. Sin embargo,

tienen que ofrecer una alternativa que haga compatible la subida de las pensiones con el control del gasto, porque, si no, se va a generar un déficit muy importante en la próxima década”. El mencionado desequilibrio estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB.

Por todas estas razones, y para hacer compatible la contención del gasto con el hecho de que los pensionistas no pierdan tanto poder adquisitivo, la AIRef plantea al Gobierno y a los partidos políticos las siguientes reformas:

En primer lugar, la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. En la transición que se inició en 2013, desde los 15 años, en el presente ejercicio está en 22. En 2022, la pensión se calculará, finalmente, con los últimos 25 años de la vida laboral.

Junto a esta reforma, la AIReF propone que la edad efectiva, real, de jubilación, para poder cobrar toda la pensión, coincida con la edad legal de retiro. Actualmente, en 2019, está en 65 años, si se han cotizado 36 ejercicios y 9 meses o más. Por debajo de este periodo de cotización, pero, al menos 35 años, habrá que cumplir 65 años y 8 meses. Esta previsto que la edad legal de jubilación en 2027 sea de 67 años.

La Autoridad Fiscal sostiene que, con estas reformas y el comienzo del Factor de Sostenibilidad en 2023, en 2050, la Seguridad Social tendrá un ahorro equivalente al 3,5% del PIB. Es decir, 42.000 millones de euros, con el valor actual de la riqueza española. El Factor de Sostenibilidad fijará la cuantía de la primera pensión con la esperanza de vida.

Fuente: Expansión